Detrás del cierre de Airbus está la ofensiva anti proletaria del conjunto de la burguesía española
(«El proletario»; N° 23; Julio de 2021 )
El anuncio del cierre de la planta de Airbus en Puerto Real después de meses de movilizaciones por parte de los trabajadores es, por el momento, el último golpe que la patronal ha dado a los proletarios. De acuerdo con la información que proporciona la prensa burguesa, la factoría de Airbus Puerto Real se unificará con la factoría de El Puerto, también situada en la bahía de Cádiz pero que de hecho funciona a efectos prácticos como una subcontrata de la empresa. A estas alturas no cabe ninguna duda de que la concentración de toda la actividad productiva en una sola planta (algo que de por sí traerá despidos) es el primer paso para un ajuste de plantilla que se prevé realizar en un plazo máximo de tres años. Es más, desde la federación del metal de CGT advierten que detrás del más que probable desmantelamiento de El Puerto, vendrá el cierre de la fábrica de La Tablada (Sevilla) (1).
Este cierre, como decimos, se ha anunciado después de dos meses de movilizaciones de los trabajadores de la planta de Puerto Real, que han llegado a acampar durante varias semanas seguidas en la puerta de la fábrica y que, durante los últimos días, han llevado a cabo una huelga extendida a toda la plantilla. De hecho, durante el mes de abril los sindicatos CC.OO. y UGT llegaron a anunciar, después de unos días de huelga, que la empresa había cedido ante las exigencias de los trabajadores y la fábrica no cerraría, algo que fue celebrado por el propio gobierno PSOE-UP. Hoy es evidente que se trataba de una estrategia encaminada a agotar y desmoralizar a los trabajadores, dado que la decisión del cierre está tomada desde mucho antes de abril, mientras que el gobierno nacional y los dos grandes sindicatos propusieron el día 21 de mayo un plan de continuidad a la empresa basado en el cierre de la planta de Puerto Real, el mantenimiento de los empleos actuales hasta 2023 y la subvención directa de la actividad productiva de la empresa por parte del Estado mediante los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Unión Europea inyectará en España, se supone, desde el próximo otoño.
El resumen de la situación es claro: gobierno, patronal y los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT, pero también los sindicatos corporativos ATP-SAe y SIPA) defienden las mismas posiciones, que son en pocas palabras las exigencias de Airbus. Su estrategia, desde un principio, ha sido demorar el anuncio del cierre, filtrando únicamente noticias de segunda mano al respecto, para agotar a los trabajadores de la empresa y reducir su capacidad de respuesta. Una vez se ha considerado que la hora del cierre definitivo había llegado, CC.OO. y UGT han ordenado parar la huelga argumentando que esta debe cesar mientras se desarrollan las negociaciones (cuando estas están liquidadas desde hace meses). Por su parte, el Estado da su colaboración garantizando una inyección de dinero para que Airbus mantenga temporalmente el volumen de empleo actual para así amortiguar el golpe que supondrán los despidos por venir, golpe que sin duda alguna, en caso de producirse de inmediato, generaría una fuerte respuesta por parte de los trabajadores.
Estos, por su parte, expresan su descontento tanto con la empresa como con los sindicatos y el gobierno que han defendido en todo momento los intereses de esta (2), pero el margen de reacción que tienen es extremadamente pequeño después de varios meses confiando en las organizaciones sindicales que el pasado día 21 cerraron el pacto con la empresa y malgastando fuerzas en una movilización que no tenía ninguna posibilidad de vencer. Únicamente el sindicato CGT continúa llamando a la huelga pero esta, si bien es seguida por una mayoría de los trabajadores de Puerto Real, únicamente continúa por el camino que ya se recorrió durante el mes de abril y que tiene como fin una derrota casi segura (3)
El modelo seguido en ese conflicto es ya típico. Las exigencias de la empresa se plantean en forma de chantaje sobre el empleo: o se cierra la fábrica o se despide a toda la plantilla de esta porque no existe volumen de trabajo que justifique mantenerla contratada. Y aunque es evidente que el cierre de la fábrica (en este caso la fusión de dos plantas) implicará despidos en un futuro, porque de lo que se trata es de eliminar capacidad instalada superflua pero también la mano de obra asociada a esta, la dilación en los despidos es planteada tanto por la empresa como por las organizaciones sindicales como una mejora, al menos como un punto que negociar. A esta situación le siguen una serie de movilizaciones, de huelgas parciales, paros de un día, etc. En cualquier caso nunca una lucha frontal contra la empresa y, aunque como en el caso de Airbus la fábrica es la cabeza de la industria regional, jamás se plantea un conflicto más allá de los límites de la factoría. Finalmente, cuando los proletarios están exhaustos después de meses de pequeños conflictos que únicamente sirven para destruir la moral de lucha porque no llevan a nada, las organizaciones sindicales presentan el mismo plan que la empresa había defendido, haciéndolo propio a excepción de algún punto secundario que es retocado y, con ello, claman que la lucha ha sido victoriosa, que la salida es la menos mala posible, y piden a los trabajadores volver a la normalidad. Por el camino, se quedan los trabajadores de las empresas auxiliares y las subcontratas que pierden sus empleos al de-saparecer la empresa central. En este caso ha sido el propio Estado con el gobierno PSOE-UP a la cabeza quien, como ya sucedió en el caso de Alcoa, ha intervenido como garante de una salida claramente favorable a la empresa. Cuando en abril los sindicatos lanzaron la consigna «Airbus Puerto Real no se cierra», la experiencia permitía afirmar una cosa: se cerrará y las exigencias de la empresa se impondrán. De la misma manera, hoy, cuando gobierno, empresa y sindicatos afirman haber llegado a un acuerdo para mantener el volumen de empleo, podemos afirmar otra cosa: en tres años se habrá despedido a tantos trabajadores como la empresa considere necesarios.
Airbus, que está participada en un 4,12% de la propiedad por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene factorías en la Bahía de Cádiz, Albacete, Illescas y Getafe. Emplea a 12.700 trabajadores y, según la propia empresa, da trabajo a otros 20.000 trabajadores auxiliares. En los mayores centros de esta empresa, Cádiz y Getafe, los trabajadores de Airbus han sido, durante décadas, uno de los sectores más fuertes y combativos del proletariado local, capaces de arrastrar tras de sí a buena parte de los trabajadores de otras empresas. Así sucedió durante la lucha contra el juicio a los trabajadores de Airbus Getafe, después de que la policía disparase contra ellos en la huelga general de 2012, cuando gran parte de los proletarios de la industria local participaron en las movilizaciones junto a los de Airbus. O en la propia Bahía de Cádiz, donde los trabajadores de Airbus han sido capaces de encabezar, durante el pasado invierno, grandes movilizaciones contra la desindustrialización de la Bahía.
Precisamente por eso burguesía, Estado y organizaciones sindicales, son perfectamente conscientes de la dificultad y la importancia que tiene imponer el cierre de la factoría de Puerto Real. Por parte de la empresa, evidentemente, está la necesidad de cumplir con un plan de reestructuración productiva llamado a reforzarla frente a la grave crisis que afecta al conjunto del sector del metal. Por parte del Estado, como principal ariete del conjunto de la burguesía nacional, como ejemplo del conjunto de medidas anti proletarias que tendrá que imponer a partir del próximo otoño y como muestra, para el resto de la patronal, de la vía que se debe seguir: derrotados los trabajadores de Airbus, el ejemplo que cunde es, una vez más, el de la desmoralización. Para los sindicatos, especialmente para CC.OO. y UGT, lo importante es salir reforzados como correa de transmisión de los intereses de patronal y Estado, como fuerzas suficientes como para impedir una reacción obrera. Con el cierre de Airbus Puerto Real se golpea a conjunto de la clase proletaria y se lanza una advertencia sobre el futuro.
EL SECTOR DEL METAL, A LA VANGUARDIA DE LA CRISIS Y LA RESPUESTA ANTI PROLETARIA
Antes de que el inicio de la pandemia diese lugar al gran lock-out que implicó la paralización de gran parte de la actividad productiva en todo el mundo, se empezaban a vislumbrar los primeros síntomas de una crisis económica en ciernes. Y esto especialmente en el sector del metal, donde la ralentización de la producción era más evidente que en otros sectores y que seguramente, de no haber tenido lugar la pandemia, habría ejercido como fuerza de arrastre para el resto de sectores económicos.
Como muestra tomamos los datos del consumo mundial de acero, material de primera importancia en la producción industrial cuya evolución puede utilizarse como indicador de la salud de la economía mundial, especialmente del sector del metal [v. gráfico siguiente].
De acuerdo a los propios economistas burgueses, la caída de los años 2017 y 2019 pese al repunte de 2018 indicaba un cambio en la tendencia ascendente iniciada con la salida de la crisis en 2013 y acabaría por dar lugar a una crisis generalizada.
La crisis causada por la pandemia, que extiende sus efectos a lo largo de 2020 y lo que llevamos de 2021, ha agudizado esta tendencia precipitando a una crisis total: en lo referido a España, la caída de la producción se ha estimado en un 30% aproximadamente y buena parte de las empresas del sector prevén que no será hasta 2022 cuando empiecen a verse los primeros síntomas de recuperación.
Dentro del sector metalúrgico, en España tiene un peso fundamental la industria automovilística en la cual este país ha tenido un peso muy relevante en términos mundiales desde los años ´50 del siglo pasado. Hoy cuenta con 5 grandes empresas establecidas en el territorio nacional (Renault, Ford, Dailer-Chrysler, Peugeot y Wolkswagen), que emplean a un 9% del total de la población activa y generan un 8,5% del Producto Interior Bruto.
Tradicionalmente, este sector está a la cabeza de la llamada «gestión de las relaciones laborales», es decir, siempre ha empleado los métodos más novedosos en lo referido a la utilización de la mano de obra proletaria, de su control y, por supuesto, de la represión. Estos métodos punteros han estado facilitados siempre por una defensa sin fisuras por parte del Estado de los intereses de estas empresas, hasta el punto de que buena parte de la legislación laboral (sobre todo en lo referente a los contratos temporales) se ha diseñado históricamente en función de sus intereses.
Ante la crisis, la respuesta de las empresas de este sector ha sido drástica: el 75% de las mismas ha impuesto expedientes de regulación de empleo a sus trabajadores y son uno de los principales apoyos a la extensión de la cobertura legal de estos expedientes hasta 2022 e incluso a que se vuelvan una medida definitiva dentro de la legislación laboral.
Por otro lado, más allá de lo que permite la legislación general, el sector de la automoción ha encabezado la ofensiva anti obrera: el cierre de Nissan Barcelona, anunciado durante la primavera de 2020 y el anuncio por parte de Ford, Renault y Wolkswagen de que mantendrán los ERTEs hasta después del verano (con el beneplácito de los sindicatos) muestran la fortaleza de una patronal que impone sus exigencias a los proletarios sin que estos sean capaces de reaccionar. El conjunto de los trabajadores del sector está amenazado, según reconoce la propia patronal (4) al anunciar que los niveles de producción previos a la pandemia no se recuperarán y que, por lo tanto, será necesario ajustar el volumen de empleo, a lo que se suma el shock de los componentes, que impide que la cadena de producción global en la que están inmersas todas y cada una de las factorías locales funcione correctamente, generando un problema de sobreproducción parcial en determinadas partes de esta, lo que agrava igualmente la situación.
El ejemplo de Nissan Barcelona debe permanecer fresco para todos los proletarios: después de recibir durante décadas subvenciones directas por parte del Estado (con las cuales costeaban la mano de obra empleada), el cierre de la fábrica fue inapelable. Las movilizaciones de los trabajadores no surtieron ningún efecto y si finalmente se logró un «plan de reindustrialización», este está todavía por llegar y de seguro que dejará un reguero de despidos definitivo considerable. Esto implica que ni el Estado ni las organizaciones sindicales van a suponer ningún obstáculo para los planes de las empresas. Pero, más allá del cierre o no de una u otra empresa, muestra que la burguesía saldrá de esta crisis cargando el peso de la recuperación en los hombros de los proletarios, a los que no piensa dejar otra opción que la de aguantar y callar. Con los movimientos que vemos en el sector de la automoción y, en general, en el del metal (ALCOA, TUBACEX, etc.) parece claro que la primera parte de la recuperación económica va a consistir en un ajuste de los márgenes de beneficio de las empresas por la vía de los despidos. Allí donde la patronal ha tenido más necesidad de este ajuste, precisamente en un sector que ya adolecía de los primeros síntomas de sobreproducción en 2019, estos despidos se han producido de manera fulgurante, durante la vigencia del Estado de Alarma y buscando precisamente el momento de mayor debilidad de los proletarios. Especialmente llamativo ha sido el caso de los despidos y la amenaza de cierre en Tubacex, donde los trabajadores libran una huelga que dura ya 100 días y en la que se ha visto tanto la solidaridad de otros trabajadores del sector como los intentos de romper los piquetes obreros por parte de la Ertzaintza.
El conjunto de la clase burguesa está pendiente de este tipo de medidas que se toman en uno de los sectores productivos realmente esenciales. Y el conjunto de sus representantes toman partido por la defensa de sus intereses. De esta manera, vemos al gobierno (en el que las competencias de trabajo recaen en una afiliada al PCE como es Yolanda Díaz) apoyar abiertamente la ofensiva patronal, tanto en el caso de Airbus como en el resto, desarrollando una legislación laboral a medida de los intereses de los empresarios y aceptando todas las exigencias que estos le plantean. Vemos también a todos los grupos parlamentarios guardar un silencio estruendoso en torno a la inmensa cantidad de despidos que se están llevando a cabo y con él mostrar su acuerdo explícito sobre estos. Vemos, finalmente, a la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales colocadas sobre el terreno de la más descarada colaboración con la patronal, dando un apoyo abierto a cada una de sus propuestas y fraguando con ello un panorama desolador para el conjunto de los proletarios no ya de las grandes industrias, sino sobre todo de la pequeña y mediana empresa que quedarán completamente desguarecidos ante la fuerza de la patronal.
EL TORTUOSO CAMINO DE LA LUCHA DE CLASE
La sensación que a lo largo de estos mese y de los próximos cunde y cundirá entre los proletarios es de desa-liento. La colaboración sin fisuras entre Estado, patronal y sindicatos en una ofensiva anti obrera que es considerada de interés nacional prioritario y en la cual a los despidos de esta primera hora seguirá la imposición de unas medidas contra el proletariado similares a las de la crisis de 2008-2013, augura una situación extremadamente difícil de remontar, al menos en el corto plazo.
La clase proletaria está completamente aprisionada por los hábitos, las formas y las costumbres creados por décadas de política de colaboración con la burguesía que ni siquiera durante la anterior crisis económica llegó a romperse.
El ejemplo de Airbus es, en este sentido, muy claro. Las amenazas de cierre por parte de la empresa, que comenzaron con este año 2021, debían haber servido para mostrar la gravedad de la situación y debían haber obligado a los trabajadores del Airbus y de las auxiliares a plantear una lucha sin cuartel desde el primer momento. Pero la confianza en los sindicatos, la aceptación de la política de «defensa del puesto de trabajo» como base de la lucha (aún cuando esta defensa del puesto de trabajo siempre implica recortes salariales primero y despidos a los pocos años o meses) y por tanto de la negociación para garantizar el empleo, llevó a los trabajadores a seguir un camino errático en el cual en ningún momento se planteó una lucha abierta, sino un simple acompañamiento para la negociación. Y, por supuesto, CC.OO. y UGT, responsables de la negociación han acabado por reforzar las exigencias de la empresa dándolas por hechas. Como decíamos al comienzo, este modelo se repite una y otra vez y siempre con el mismo resultado. A la burguesía le funciona perfectamente, precisamente porque emplea el divide y vencerás, reforzando el papel negociador de los sindicatos mediante pequeñas concesiones que permiten mantener la ilusión de que al menos una parte de los trabajadores pueda salvarse.
Durante muchos años este esquema se ha aplicado a nivel general: mientras se garantizaba la subsistencia de franjas cada vez más estrechas de proletarios, se atacaban las condiciones de existencia del resto, logrando una gran diferencia entre estos reducidos sectores obreros con un mínimo de garantías salariales, sociales, etc. y una inmensa masa de proletarios jóvenes que sólo conocen la precariedad y la pobreza. Este sistema ha permitido durante décadas que la burguesía evite la concentración de la tensión social en un solo momento, difiriendo los diferentes episodios de despidos, cierres, etc., a la vez que se podía permitir imponer una política de rebajas salariales y recortes en las prestaciones sociales porque ante el temor a los despidos los proletarios la aceptaban. El resultado final ha sido la conformación de una pequeña capa de proletarios, concentrados en las grandes empresas industriales y en el sector público, que han logrado mantener unas condiciones de trabajo y vida superiores a las del resto de la clase y que suponen el «apoyo» a la política colaboracionista de los sindicatos toda vez que ven en esta la única garantía de mantener este status ligeramente favorecido respecto al resto. La política de paz social defendida por los sindicatos oportunistas tiene, por lo tanto, una base sólida en este esfuerzo por dividir a los proletarios, por hacerles enfrentarse no sólo a las exigencias de la clase burguesa sino al aislamiento respecto al resto de su clase, separada en conflictos aislados en el tiempo y en el espacio.
Pero esta situación no puede mantenerse indefinidamente. En situaciones de una dureza especialmente intensa, como la vivida con la crisis económica y social que ha traído la pandemia, el tiempo y la capacidad para maniobrar como lo ha podido hacer hasta ahora la clase burguesa son más limitados. Los golpes deben volverse más intensos y ejecutarse en un periodo de tiempo menor. La clase proletaria debe prepararse para afrontar, en los próximos meses y años, una situación en la que la estrategia tradicional de modular las exigencias burguesas y permitir que Estado y sindicatos oportunistas aparezcan como garantes de un mínimo de salvación para los proletarios en paro, amenazados por despidos o por rebajas salariales, seguramente no pueda utilizarse en todos los casos. Lo vemos en el caso de Airbus, donde después de pocos meses de negociación para lo que suele suceder en este tipo de casos, sindicatos, Estado y empresa imponen conjuntamente las exigencias de esta última sin guardar siquiera las apariencias. Esto inmediatamente ha provocado un desplazamiento de la mayoría de los trabajadores al radio de influencia de CGT, que es casi siempre la extrema izquierda sindical. Pero este giro, que en el caso de Airbus ha implicado continuar con una huelga que CC.OO. y UGT han dado por terminada, no significará nada si no se va más allá y se rompe no sólo con las centrales sindicales abiertamente partidarias de la empresa sino también con la política de colaboración con la burguesía que estas han impuesto durante años. A un nivel más amplio, esto fue lo que sucedió durante la última crisis económica: aparecieron, en bastantes empresas y sectores, puntos de ruptura con las dos centrales mayoritarias, pero estas rupturas acababan únicamente con un paso a posiciones formalmente más radicales pero que se basaban en los mismos principios de solidaridad entre clases que benefician únicamente a la burguesía.
Para ir más allá, precisamente en una situación como la actual en la cual es de prever una ofensiva burguesa en todos los terrenos, es necesario que los proletarios tomen la lucha en sus propias manos, que impongan sus intereses de clase por encima de las consignas del oportunismo político y sindical. Es necesario que planteen que entre proletarios y burgueses no puede existir una paz duradera, ni sobre el terreno político ni sobre el sindical. Y que, por lo tanto, sólo las medidas de fuerza que sean capaces de imponer pueden suponer un dique frente a las exigencias que inevitablemente querrá imponer la burguesía. Y que estas medidas de fuerza pasan precisamente por hallar la fuerza proletaria que reside en la solidaridad de clase, en la unión por encima de categorías profesionales, sexo, raza o edad. Una fuerza que es la única con la que la clase trabajadora podrá contar.
(1) https:// www.lavozdigital.es/ cadiz/ provincia/ lvdi-cierre-airbus-puerto- real-desata- guerra-sindical- contra-y- 202105212001_ noticia.html
(2) https:// www.diariodecadiz.es/ puerto-real/ Puerto-Real-Airbu-UGT-CCOO- cierre-planta- puerto-CBC- Unico-polo- industrial-e mpleo_0_ 1575744623.html
(3) http:// rojoynegro.info/ articulo/ acci%C3%B3n-sindical/ eguimiento-masivo-la-primera- jornada-huelga- cgt-convoca- airbus- puerto-real
(4) https:// cincodias.elpais.com/ cincodias/ 2021/05/07/ companias/ 1620417162_ 410819.html
Partido comunista internacional
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