De nuevo, el metal
(«El proletario»; N° 30; Septiembre de 2023 )
Desde la aparición del último número de este periódico hasta la fecha del actual hemos vivido dos conflictos de cierta importancia en el sector del metal.
El primero de ellos ha sido la huelga que los trabajadores del astillero de Cádiz mantuvieron en solidaridad con los 4 despedidos que hubo en la factoría a finales del mes de junio. Estos trabajadores desempeñaban sus labores en la empresa Mecamansol, una subcontrata de Navantia que mantenía un enfrentamiento de cierta duración con la empresa principal. Los despedidos lo fueron en represalia por esta situación, lo que a su vez supuso que 400 trabajadores parasen el trabajo en solidaridad el día 28. Durante los siguientes días, los trabajadores del astillero hicieron paros de dos horas, de 7 a 9 de la mañana, para exigir la readmisión de sus cuatro compañeros. Mientras sucedía esto, la mayoría de los trabajadores de la empresa Navantia votaban en contra del nuevo convenio colectivo y el plan industrial de la empresa, siendo la factoría de Puerto Real en la que el no fue más claro. Finalmente, a partir de la primera semana de julio, dado que la situación no mejoraba y la empresa no cedía, comenzaron las manifestaciones y los cortes de carretera habituales en la ciudad de Cádiz.
Desde ese momento la empresa, la prensa local y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se volcaron contra los trabajadores que hacían huelgas, calificándolos de «radicales» y «terroristas» y amenazando con la posible rescisión de varios contratos que diferentes armadores tenían con Navantia debido a las protestas, con la consiguiente pérdida de carga de trabajo que implicaría menos contratación, etc. La situación alcanzó el punto de máxima tensión cuando los trabajadores en huelga convocaron una manifestación desde el astillero hasta el lugar donde la ministra de Trabajo y candidata de Sumar a las elecciones generales iba a dar un mitin. Desde ese momento, toda la izquierda parlamentaria, todos los falsos amigos que los trabajadores encuentran siempre y cuando sigan el camino recto dela huelga legal, el voto y el respeto a la democracia, se volvieron contra ellos. Finalmente y entre grandes presiones la manifestación se realizó, el acto de Yolanda Díaz fue boicoteado. En los días posteriores la prensa de Cádiz anunció el despido de 74 trabajadores del astillero y, aunque realmente se trató de un cese del contrato fijo discontinuo que tienen con la empresa por «fin de actividad», se trató de una maniobra represiva que acabó por forzar la desconvocatoria de la huelga que mantenían los trabajadores.
La situación después de este conflicto sigue siendo exactamente la misma que antes: la legislación laboral aprobada por los últimos gobiernos ha ayudado a consolidar el sistema de externalización y subcontratación, que favorece el que los proletarios empleados en las empresas auxiliares trabajen por días, dependiendo en todo momento de la carga de trabajo y con la espada de Damocles del «cese» siempre sobre su cabeza. Después de la huelga salvaje de 2021 y de este tipo de conflictos, de menor alcance pero igualmente significativos, el camino para muchos trabajadores va estando claro: o la lucha, o el desempleo, la emigración y la miseria.
Mientras tenía lugar el conflicto en la bahía de Cádiz, en Vigo varios paros generales de un día afectaron a todo el sector del metal y alcanzaron gran repercusión mediática. Estos paros tenían como objetivo presionar a la patronal en la negociación del convenio colectivo, que se estaba llevando a cabo en los últimos meses. Los trabajadores, exigían una subida salarial del 4% cada año desde 2023 y hasta 2025, es decir por el periodo de vigencia del próximo convenio colectivo. En segundo lugar, se reclamaba una disminución de la jornada laboral (24 horas mensuales menos) y, finalmente, garantías para los trabajadores subcontratados en los cambios de empresa. Por su parte, la patronal, en el momento de la huelga, ofrecía una subida del 6% acumulado para el mismo periodo, una reducción de 8 horas mensuales y no quería ni oír hablar de las garantías de subrogación. Finalmente, se firmó un acuerdo que garantizaba una subida del 3% cada año de 2023 a 2025, dos días (16 horas) de trabajo menos al mes sin que se contemplase ninguna de las otras medidas que exigían los sindicatos.
No es difícil darse cuenta de que la subida salarial no va a suponer la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años por efecto de la inflación acumulada y que el resto de reivindicaciones no suponen una cesión de ningún tipo por parte de la patronal. Pese a ello las principales organizaciones sindicales (CC.OO., UGT y la Confederación Intersindical Galega -CIGA) han vendido el acuerdo como un gran éxito de la negociación y suspendieron, pese a la gran combatividad que habían demostrado los trabajadores durante las jornadas de huelga que llegaron a realizarse, la convocatoria de huelga indefinida. Además, impidieron a los trabajadores votar en asamblea el acuerdo, garantizándose de esta manera su aprobación.
Como es sabido, la tradición de lucha del metal de Vigo es muy fuerte. Desde 1973 la capacidad combativa de estos proletarios ha dado ejemplos memorables de lucha y es justamente a eso a lo que sindicatos, patronal y gobierno tenían miedo y contra lo que han desplegado toda su artillería desmovilizadora.
Ambos casos, el de la bahía de Cádiz y el de Vigo, son representativos de la conflictividad que ha marcado al sector del metal en España durante los últimos tres años.
Durante este tiempo hemos venido señalando en este periódico que si la burguesía iba a poner todo su esfuerzo en lograr contener los salarios como vía para reducir costes en todos los sectores productivos, el metal iba a ser la punta de lanza de esta ofensiva. Decíamos (y seguimos manteniendo) esto por dos motivos. En primer lugar, hay un hecho económico indudable: el metal (incluyendo la automoción, si bien dado el peso específico de esta suelen considerarse dos sectores separados) tiene un peso en el conjunto de la industria española de primer orden. Y esto no tanto porque sea el primer sector productivo en términos de volumen de mercancías, precios o mano de obra empleada sino porque la industria metalmecánica está en la base de toda una pirámide formada por industrias de transformación que requieren los productos manufacturados del metal para producir. De esta manera, el coste del producto finalizado en la industria del metal es un determinante clave del coste en muchas otras industrias y es necesario mantenerlo dentro de unos límites que garanticen la rentabilidad de todos los productos finales, especialmente dada la competencia despiadada que existe a nivel no ya nacional sino internacional.
Por otro lado, hay un factor político y social de primer orden: la industria del metal no sólo concentra a más cantidad de proletarios por unidad productiva que casi cualquier otra industria, sino que, además, estas concentraciones de proletarios en torno a una factoría (ya no a una empresa, pero sí a uno o unos pocos centros de trabajo) supone un eje de referencia para el conjunto de los proletarios de la zona inmediata: lo que sucede con los trabajadores de Vigo o de Cádiz tiene una repercusión directa en los trabajadores de toda la región, tanto porque sufren directamente las consecuencias como porque ven en ellos un referente histórico y actual.
No es por casualidad que las técnicas empresariales de reestructuración de la propiedad, orientadas siempre a incrementar el beneficio minimizando los costes mediante la reducción patrimonial del capital constante y variable al mínimo posible, se han desarrollado más en el sector metalmecánico que en cualquier otro. Desde el proceso de reconversión industrial de los años ´80 hasta la actualidad, la forma jurídico-empresarial de la industria se ha ido moldeando a base de cierres de factorías públicas no rentables, parcelación de empresas, externalización, creación de redes de industrias auxiliares, etc. Esto ha extendido esa dependencia que del sector tiene una buena parte de la población obrera de la región pero también ha contribuido a dividir y aislar a los proletarios, levantando muros en función de la pertenencia o no a la empresa matriz, la antigüedad… e incluso los turnos dentro de una misma empresa.
Es evidente que el sector del metal de hoy no es aquel de los años ´60 y ´70 que en regiones como País Vasco o Cataluña, y en ciudades como Vigo, Valladolid o Cádiz levantaba tras de sí a la mayoría de proletarios de la zona. Pero aún así su peso y su influencia no puede ser minusvalorada: pese a los esfuerzos de la burguesía por romper mediante todas las artimañas posibles la fuerza de una gran concentración proletaria como esta, existen unos mínimos que no puede rebasar y si el tamaño de las grandes factorías (allí donde aún existen) ha menguado, también es cierto que una tupida malla de empresas del llamado «pequeño metal» han surgido al calor de la externalización del proceso productivo y en fechas muy recientes, véase el ejemplo de Tubacex, han dado grandes ejemplos de lucha.
Y es por el mismo motivo por el que para la clase proletaria el sector del metal sigue teniendo un peso singular (algo que nada tiene que ver con la rememoración romántica de un pasado ya extinto sino con la fuerza para luchar que aún muestran sus trabajadores) por lo que la burguesía española tiene claro que el éxito de su política de contención salarial para el conjunto de los proletarios pasa por lograr imponerla en este sector. De nuevo, por dos motivos: económicamente es imprescindible que una industria de la que existe ese nivel de dependencia no encarezca el conjunto de la producción y, en términos políticos y sociales, porque el ejemplo de la derrota -sea como sea que esta se lleve a cabo- tiene un gran efecto desmovilizador sobre el resto de proletarios.
En este sentido, el ejemplo más llamativo fue, en 2021, el de Cádiz cuando, como respuesta a la huelga salvaje de los proletarios de la industria auxiliar, a las movilizaciones en solidaridad de los barrios obreros, etc. el gobierno envió una tanqueta policial para ayudar a los antidisturbios a imponer el orden en las calles. Más allá de la ventaja táctica que otorgaba la tanqueta a unos policías muy acostumbrados a pegar a manifestantes inermes pero poco hechos a enfrentamientos serios, el gobierno del PSOE lanzaba un mensaje a todos los proletarios a los que durante la pandemia de la Covid-19 se había bombardeado con los consabidos mensajes de unidad nacional: la represión sería tanto más dura cuanto más se saliesen del camino de la colaboración entre clases que se les imponía, por ejemplo reivindicando cualquier cuestión laboral.
Pero más allá de la célebre tanqueta, ha habido casos igualmente importantes. Uno de ellos fue el de Tubacex, también en 2021. Los trabajadores de esta empresa vasca del sector del metal llevaron a cabo una intensa y duradera huelga contra los despidos que pretendía imponer la empresa. Fue, como el de Cádiz, una situación que trascendió los límites del enfrentamiento empresarial porque representaba, también, un caso de insubordinación por parte de un sector de proletarios que se negaron a ceder ante las exigencias patronales como pedían, también, los grandes sindicatos en todo el país. En este caso, la caja de resistencia y la solidaridad de otros grupos de trabajadores les ayudó a continuar una huelga durante la cual la empresa llegó a ofrecer, de acuerdo con buena parte de la patronal del metal, pagar el salario de los despedidos sin necesidad de que fuesen a trabajar: hasta tal punto estaba dispuesta a ceder con tal de no dar el ejemplo de una derrota. Finalmente los trabajadores lograron la readmisión de todos los despedidos y a día de hoy la burguesía se cobra su venganza pidiendo varios años de cárcel para algunos de los huelguistas más destacados por los disturbios de entonces.
Si la clase burguesa ha podido salir victoriosa en prácticamente todos los conflictos que ha librado con los trabajadores del metal ha sido porque cuenta con aliados muy poderosos que la sirven entre las filas de los proletarios. Desde el Partido Socialista en el gobierno hasta las organizaciones sindicales, pasando por el PCE, SUMAR o Podemos, las organizaciones políticas y sindicales que dicen colocarse a la izquierda del arco político forman parte de un frente único burgués que se muestra tanto más cohesionado cuanto más grave es la amenaza que le acecha. Después de la crisis de 2008 y de la pandemia mundial, el programa mínimo burgués, tanto en lo referente a la acción parlamentaria como a la acción sindical, es el mismo: mantener a la clase proletaria dentro de unos límites cada vez más próximos a la mera supervivencia, conteniendo para ello los salarios especialmente de sus sectores más débiles intentando lograr con ello una magra recuperación económica. El sector del metal, en el que sistemáticamente se ha logrado imponer una negociación salarial que colocaba los sueldos por debajo de la inflación ha sido un laboratorio de operaciones. De Cantabria a Vigo y de Cádiz a Baleares, en todas partes el concurso patronal-gobierno-sindicatos ha garantizado la victoria de la burguesía y ha permitido que los últimos tres años se vivan sin ningún tipo de sobresalto, sin ninguna conmoción social, mientras que las condiciones de vida de los proletarios empeoraban en todos los sentidos.
Pero en un mundo como el capitalista, en el que la salida de una crisis sólo se produce acumulando los factores que determinarán otra aún más tempestuosa, en el que el desequilibrio es la norma y no un estado pasajero tanto en términos económicos como sociales, ninguna victoria es definitiva. Sin duda, el conjunto de la clase proletaria permanece estancada en el dique seco al que le ha llevado la política, mantenida durante décadas, de colaboración entre clases. Incluso a la hora de ponerse en movimiento, cuando han tenido lugar las huelgas provinciales del metal, en casi ninguna ocasión se ha logrado romper la dinámica basada en la confianza democrática en la intermediación de las instituciones patronales, sindicales y estatales, lo que ha impedido (ni siquiera parece haberse soñado) plantear una única movilización de todo el sector nacional del metal, dejando que la burguesía liquidase localmente cada huelga sin más repercusiones externas.
Pero ejemplos como los de Cádiz o Vigo, donde al calor de las movilizaciones se ha visto surgir organizaciones proletarias que, aún agrupando a una pequeña minoría de trabajadores, se colocaban en franca ruptura con la política claudicante de las grandes centrales sindicales, que han sido capaces de impulsar movilizaciones fuera y contra esta política basada en la conciliación con la patronal, muestran que la paz social nunca estará completamente garantizada para la burguesía. Pese a los límites de este tipo de reagrupamientos proletarios, pese a lo escaso de su tamaño y a las posiciones confusas que necesariamente deben asumir, representan la fuerza potencial de una clase proletaria a la que, tarde o temprano, la propia incapacidad de la clase burguesa para mantener su sistema de colaboración entre clases, llevará a retomar de nuevo el camino de la lucha de clase.
Partido Comunista Internacional
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