Represión en correos
( Suplemento N° 15 de «El programa comunista» N° 49 ;Enero de 2012 )
La crisis capitalista que arrasa la práctica totalidad de los países desde el año 2008, ha dejado en este tiempo efectos devastadores y visibles a ojos de cualquiera: además de las publicitadas medidas de intervención por parte de los principales estados en el sistema financiero para rescatar a sus instituciones nacionales (a los principales bancos o agencias de seguros y, en España, también a las Cajas de Ahorros que se han visto forzadas a reestructurar toda su organización para poder sobrevivir en el mercado internacional) en todas partes se sienten las consecuencias de la mala marcha de los negocios en forma de cierre de empresas, reducción de la producción, despidos, paro masivo…
Exactamente igual que en los medios de comunicación se resaltan como características esenciales de la crisis los problemas de rentabilidad, la falta de beneficio y la caída de la tasa de ganancia que sufren los burgueses, en el conjunto de aspectos sociales como el trabajo, la vivienda, etc. se destaca siempre aquello que resulta problemático para el capital ignorando las condiciones de existencia a las que se ve abocada, cada vez más violentamente, la clase proletaria. Es un discurso completamente asumido por todos los agentes encargados de sostener y garantizar el orden social existente bajo el capitalismo, es un elemento central de la propaganda y de la ideología que la burguesía suministra en grandes dosis al proletariado el que es el capital quien produce la riqueza social, que son las empresas quienes generan el empleo, por tanto el bienestar y la misma supervivencia de la clase proletaria. Que por tanto, partiendo de que necesariamente el proletario debe conformarse con ser simplemente un apéndice de la máquina que en la fábrica produce beneficio, resulta fundamental de cara a una hipotética salida de la crisis que el capital disponga de todas las facilidades necesarias para reproducirse, para generar valor de cambio, en una palabra, para continuar el ciclo de la explotación capitalista. Pero esta mentirosa afirmación no tiene únicamente el fin de controlar al proletariado a través de las cadenas de la pasividad y de la resignación sino que constituye una avanzadilla de la gran ofensiva burguesa que comienza el primer desbroce del terreno sobre el que aquélla tiene que actuar: imponiendo la conciencia de que la mano de obra empleada en la producción debe ser libremente maleada, transportada, expulsada, despedida… a favor del verdadero agente productivo que sería el capital, se apuntalan las condiciones óptimas en las que este capital puede salir, temporalmente eso sí, de su crisis.
Reduciendo los salarios, ampliando el tiempo de trabajo empleado por el mismo precio, aumentando la carga de trabajo que soporta cada trabajador, precarizando las condiciones de los puestos de trabajo, desregularizando los contratos hasta el punto de que se vuelvan el ritual con el que se justifica el despido libre y gratuito, en definitiva, reduciendo al máximo los costes en mano de obra, así es como logra la burguesía aumentar la rentabilidad económica del capital invertido en la producción, así consigue por tanto que el capital vuelva a ser rentable en medio de la guerra a muerte que es la competencia entre empresas, sectores productivos y países. Por un lado la crisis económica se lleva por delante cientos de miles de puestos de trabajo arrojando al paro a otros tantos proletarios que se ven, únicamente, mantenidos por los exiguos amortiguadores sociales existentes. Por otro lado las condiciones de trabajo de los proletarios empeoran de hecho y de derecho y cualquier tipo de respuesta que estos planteen, especialmente cuando este tipo de respuestas no sobrepasan por lo general el ámbito personal o, de vez en cuando, el jurídico, es contestada con la amenaza de hacer desfilar hacia las colas del INEM y que los puestos vacantes sean ocupados por trabajadores en paro que sí que acepten las nuevas condiciones de trabajo impuestas. Así la competencia entre capitalistas, que es el marco general en el que se desarrolla la crisis de sobreproducción, es trasladada al seno de la clase obrera como manera de evitar hundirse definitivamente en el colapso económico.
La presión de la crisis económica capitalista contribuye a aumentar la competencia entre proletarios, que se manifiesta esencialmente en un terrible agravamiento de las condiciones de trabajo y alcanza todos los niveles, incluso aquellos que habitualmente se consideraban seguros y exentos de riesgo y en los que se veía a los proletarios ocupados como privilegiados, seguros ante los avatares del medio hostil en el que el resto de la clase obrera ha vivido siempre.
Así sucede en el sector público que, aunque en España siempre ha tenido unas dimensiones menores que las de otros países de similares condiciones de desarrollo, representa una parte considerable, entre la vertiente local-autonómica y la estatal, del empleo existente en el país. En Catalunya se cierran hospitales y centros de salud de atención primaria, utilizando a la policía para desalojar a los trabajadores y a los vecinos de los barrios proletarios en los cuales se ubican estos centros cuando protestan contra las medidas. En Madrid a comienzos de curso se pretende no renovar a más de mil profesores eventuales de educación secundaria y bachillerato. También el empleo público se ve afectado por la crisis capitalista y esto es debido a que el sector público, aquél en el que los recursos empleados en la producción o en la distribución de mercancías y servicios pertenecen al Estado, no es ajeno a las leyes del mercado capitalista, porque de hecho es parte integrante (¡y una parte muy importante!) de ese mercado. El Estado, en su función de consejo de administración de la burguesía nacional, es el órgano en el que depositan su representación para que imponga el orden necesario para el buen desarrollo de los negocios. En la época del imperialismo, el Estado mismo se encarga de gestionar una parte de los recursos de la clase burguesa dominante, la cual se los cede en la medida en que constituye el único órgano capaz de garantizar el cumplimiento del interés común de los mismos burgueses, tanto en el ámbito exterior referido a la defensa nacional frente a la competencia de las burguesías foráneas como en el interior con la generación de infraestructuras necesarias para la producción pero inabarcables por cada burgués tomado por separado. Si el Estado nunca se ha encontrado por encima de las clases sociales, si nunca ha sido un organismo ajeno a la lucha de clases sino una parte fundamental de la burguesía en lucha contra el proletariado, hoy, ni siquiera en el terreno del empleo público el Estado deja de ser un órgano capitalista que actúa exactamente igual que la empresa privada, según criterios de beneficio, ganancia, plusvalía extorsionada al proletario…
Al igual que la crisis capitalista afecta a todo los países desarrollados en mayor o menor medida pero con unas constantes tanto en las consecuencias como en las medidas tomadas por la burguesía para asegurarse el mantenimiento del beneficio, así el Estado burgués se comporta de manera similar en todos los países, recurriendo, por ejemplo, a los mismos expedientes represivos contra los proletarios que luchan o tomando medidas prácticamente iguales en todas partes para luchar contra el exceso de gasto que padecen, recortando el empleo, despidiendo, privatizando las empresas públicas, recortando los gastos sociales en servicios públicos como al escuela, la sanidad, etc.
Uno de los casos más llamativos de la presión que afecta a los proletarios empleados en el Sector Público de España es el de Correos, especialmente en Madrid y Barcelona. Correos es una de las empresas que más empleados utiliza en todo el país, aproximadamente unos cincuenta mil a finales del año 2010 entre personal funcionario, laboral fijo y temporal, sin contar los miles de empleados pertenecientes a empresas subcontratadas que, de una manera u otra, trabajan para Correos. Siguiendo la estela de lo que se ha hecho ya en otros países como Gran Bretaña, Portugal o Italia, el Estado busca sacar a la empresa que presta el Servicio Postal Universal en el país del núcleo de la administración pública. La razón es que, mientras que otros de los servicios, necesarios para el desarrollo económico del país, que el Estado presta aun siendo deficitarios, el servicio postal puede ser rentable una vez concluida la fase de instalación y desarrollo de las infraestructuras necesarias para su prestación. Así, después de la inversión realizada para organizar Correos como servicio postal nacional éste servicio puede ser liberalizado, la empresa semiprivatizada y el beneficio recogido por parte del Estado si es que ningún conjunto de empresas quiere hacerse directamente cargo (previa compra) de Correos.
En época de crisis más que nunca para la burguesía se trata de reducir gastos para incrementar los beneficios. En Correos esto se realiza siguiendo una doble vertiente: por un lado el mismo gasto que supone Correos en el seno de la Administración Pública o como empresa monopolista directamente subsidiada por el Estado, desaparece con la liberalización. Por otro lado las condiciones de trabajo de los proletarios empleados en la empresa son rebajadas todo lo posible, utilizando precisamente la perspectiva de ser una empresa competitiva en el mercado privado como argumento para imponer toda una serie de medidas laborales de carácter pura y llanamente anti obrero.
Así, además de la ya perenne congelación real del sueldo de los operarios, en los últimos meses se ha impuesto un considerable aumento de la jornada efectiva de trabajo (media hora más diaria en los puestos de cartero), se ha reducido la contratación de personal eventual (que en algunos puestos de trabajo suponía hasta el 50% de la plantilla) incrementándose por tanto la carga de trabajo que cada empleado tiene que soportar… y sobre todo el recurso sistemático al despido para atemorizar a los trabajadores (al menos doscientos despidos en dos años) Todo ello en medio de una desaforada campaña dirigida por los cuadros medios de la empresa destinada a propalar entre los trabajadores la idea de que apenas hay carga de trabajo, que los resultados empresariales son muy malos y que sólo el esfuerzo conjunto de empleados y técnicos gestores puede evitar que se ponga en marcha un ERE o cualquier tipo de solución similar.
Como es natural cuando un proceso de este tipo es llevado a cabo, especialmente cuando es llevado a cabo en un periodo de tiempo sumamente corto, como ha sido el caso en Correos, los mismos trabajadores tienden a defenderse de las agresiones que sufren y a luchar contra el brusco empeoramiento de sus condiciones laborales. Así, especialmente en Madrid, ha habido una gran profusión de pequeñas luchas más o menos colectivas habiéndose producido, por ejemplo, huelgas como la de la Unidad de Servicio Especial nº 11 (en Vista Alegre, Madrid) que duró prácticamente un año. La respuesta de Correos a esta resistencia ha consistido en aplicar métodos represivos expeditivos. Despidos, sanciones de empleo y sueldo que finalmente, al cabo del tiempo, se convierten en despidos, acoso ejercido contra los trabajadores más combativos… todo ello convertido en sistema y organizado de una manera perfectamente racional con el fin de aniquilar, mediante la supresión de los trabajadores díscolos y la imposición del terror entre el resto.
Pero estas medidas represivas, así como todo el conjunto de imposiciones que agravan las condiciones de trabajo de los proletarios de Correos, no podrían llegar a ejecutarse sin la colaboración, activa o pasiva, de las organizaciones sindicales que participan en la representación de los trabajadores ante la empresa. Los sindicatos amarillos, todo el elenco que existe en Correos, desde CC.OO. hasta CGT cumplen la función de hacer pasar sin mayor conflictividad los intereses de la empresa como intereses comunes a los trabajadores o, si esto se muestra imposible, como algo que es necesario aceptar sin contemplaciones.
Los grandes sindicatos, como UGT o CC.OO. que tienen un papel relevante en todos los órganos representativos de la empresa (Comité de seguimiento del Convenio, de Salud laboral, etc.) y que, de hecho, aglutinan en sus cuadros al conjunto de cuadros directivos de Correos ya que la mayor parte de la jefatura pertenece a y tiene relevancia en CC.OO. (demostrándose así la dependencia directa del sindicato respecto a la empresa, de la que es su representante ante los trabajadores), sencillamente trabajan por organizar la aplicación de las medidas dictaminadas por la empresa y por delatar a los trabajadores más reacios a aceptarlas.
Los llamados sindicatos alternativos, entre los que destaca fundamentalmente CGT, herencia malversada de la CNT bajo cuyo signo se dieron en los años ´70 los mejores ejemplos de combatividad proletaria en Correos, cumplen otro papel en un orden espontáneo de división de las tareas anti obreras en la empresa. Los proletarios más combativos, que conscientemente rompen con los aspectos más escandalosos del colaboracionismo sindical en la empresa, tienden instintivamente a buscar refugio en una organización que se presenta al margen de este trabajo anti proletario. Pero la radicalidad de estas organizaciones alternativas no rebasa la simple aplicación consecuente y minuciosa de los mismos principios de colaboración interclasista que rigen también para las organizaciones abiertamente amarillas.
Así, por un lado, la asunción del contenido básico de que la defensa de la empresa pública, de su competitividad y de sus necesidades, supone un paraguas bajo el que se pueden cobijar tanto los proletarios como los burgueses, tanto obreros como patrones, y allí, en virtud de la pertenencia común al Estado que representa a todas las clases por igual y que vela por la libertad y los derechos del ciudadano, se puede llegar a una convivencia pacífica en base a la cual participar en una armoniosa relación entre capital y trabajo, entre verdugo y condenado.
Por otro lado la adecuación de toda respuesta posible dada por los trabajadores a los cauces democráticos, judiciales y legalistas, de lucha. El planteamiento mismo de la lucha de clase de los proletarios contra las exigencias de la burguesía como un asunto que puede ser solucionado por los mecanismos sociales de contención legal como son los tribunales, los organismos paritarios, etc. El extirpar de la lucha obrera la organización clasista, permanente y ajena a los intereses de clase de la burguesía, independiente de cualquier control estatal (sea mediante subvenciones o cualquier otro medio).
En definitiva, el trabajo del llamado sindicalismo alternativo, también en Correos, es encauzar la respuesta proletaria por vías ajenas a la lucha obrera, liquidar los medios y los métodos de lucha que son propios de la clase trabajadora y, finalmente, permitir que los sindicatos mayoritarios realicen el trabajo de imponer el control social de la burguesía sobre los proletarios, presentándose como única alternativa posible.
Pero los proletarios se encuentran abocados a luchar, el curso de los acontecimientos, en Correos como en cualquier otra empresa capitalista, pública o privada, así lo demuestra: para defender las condiciones de trabajo, para evitar los despidos, para frenar la represión es necesario el enfrentamiento con la clase de los patrones y las instituciones que defienden sus intereses. Y para ello tendrán necesariamente que romper tanto con la política colaboracionista de los grandes sindicatos oficiales como con la nefasta orientación que el llamado sindicalismo alternativo pretende imprimir a los impulsos elementales de lucha.
Para ello resulta imprescindible que luchen contra la competencia entre proletarios que la empresa capitalista, pública o privada da lo mismo, alimenta sistemáticamente, que rompan con la solidaridad entre clases, con la adecuación de los intereses que tienen como proletarios (subida salarial, descenso del ritmo y del tiempo de trabajo, etc.) a los intereses de la burguesía. Y esta ruptura sólo se puede lograr organizando la lucha a través de organismos obreros independientes, permanentes en el tiempo y que puedan aglutinar a todos los proletarios dispuestos a luchar, sin hacer distinción por el tipo de trabajo que desempeñe, por razones de procedencia, etc. Estos organismos independientes no surgirán, sin duda alguna, de una reconversión en clasistas de los sindicatos existentes, ya completamente integrados, todos sin excepción, en la estructura misma de la empresa. Pero esto no significa que tengan que nacer completamente ajenos a estos sindicatos y enfrentados a sus afiliados.
Se trata de que surjan violentamente enfrentados, desde dentro si aún existe un mínimo impulso clasista entre sus afiliados o desde fuera si esto no es posible, a la política sindical colaboracionista, amarilla y traidora. Se trata de que constituyan un núcleo que aglutine a los proletarios en lucha por la defensa de sus intereses más inmediatos aun cuando esta defensa todavía no pueda materializarse (en virtud de la debilidad de fuerzas que existe entre los proletarios) en logros concretos y sirva únicamente para indicar el camino que, necesariamente, un día deberá transitar el proletariado si quiere sacudirse las cadenas de la servidumbre asalariada y de todas las humillaciones que sufre con ella.
31 de agosto de 2011
Partido comunista internacional
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