( Suplemento Venezuela  N° 26 de «El programa comunista» N° 55 ; Mayo de 2023 )

En las fronteras de Chile y Perú, la situación migratoria no puede ser más desesperada, ya que los gobiernos de Boric y Boluarte, gobernantes de Chile y Perú respectivamente, han declarado un estado de emergencia dirigido principalmente a los inmigrantes de Venezuela y Haití.

Víctimas ya de estigmatización y xenofobia, «sin comida, sin agua, sin alojamiento y sin asistencia médica, en un desierto conocido por sus condiciones extremas» (1), las medidas represivas de Boric y Boluarte no hacen más que empeorar su situación; «Al militarizar las fronteras y negándose a acoger a estas miles de personas, incluidos niños, que huyen de las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas en sus países de origen, los gobiernos de Gabriel Boric y Dina Boluarte agravan innecesariamente la situación transformándola en una crisis humanitaria que aumenta los riesgos para la vida y la seguridad de estas personas» (2), dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los buenos demócratas no pueden más que lamentarse y dar buenos consejos a los gobiernos sin entender las razones de sus acciones...

Delincuencia e inmigración, un clásico tema burgués para dividir a los proletarios

Sin precisar dato alguno, la Presidenta peruana, Sra. Boluarte, afirma tajante que «los que diariamente cometen agresiones, robos y otros hechos delictivos son extranjeros. Por eso debemos reformular la ley de extranjería, para ‘examinar este tema de migración’; «Entraron al país 800.000 venezolanos, también muchos haitianos, y lamentablemente son ellos los que cometen estos hechos», dijo en conferencia de prensa, y agregó: «Por eso tenemos que hablar casi al unísono sobre la migración y la inseguridad de los ciudadanos».

Azuzar la xenofobia, señalar a los extranjeros como un peligro para la población es un recurso clásico de todos los gobiernos burgueses, pero más cuando tienen que enfrentar un fuerte descontento popular como el peruano.

Lo mismo ocurre en Chile. Antes de su elección, el presidente Boric y la coalición de izquierda del «Frente Amplio» habían prometido que seguirían una política migratoria basada en los derechos humanos, en oposición a la política xenófoba del gobierno de Piñera y sobre todo a la propaganda del candidato de extrema derecha Katz asimilando inmigración y delincuencia; pero en realidad no pasó mucho tiempo para ver el alineamiento de la «izquierda» en la misma política. El 27 de febrero, Boric declaró el estado de emergencia en la zona fronteriza norte con Bolivia y Perú y envió allí a las Fuerzas Armadas a la caza de migrantes. En conferencia de prensa en la región el 17 de marzo, rodeado de militares, dijo de los migrantes: «vamos a cazar y hacerles la vida imposible a las personas que vienen con ánimo de delinquir», al tiempo que agrega, hipocresía democrática obliga, «en el marco del estado de derecho»...

Se estimó en 2020 que había 1,5 millones de extranjeros en Chile (7% de la población) siendo los venezolanos los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, y que ocupan los trabajos peor pagados, muchas veces en situación de marginalidad y se enfrentan al «racismo institucional»; este racismo alimentado por los medios crece en una coyuntura económica difícil tras la crisis del Covid que ha visto aumentar las desigualdades, aunque la situación en Chile sea mejor que la de otros países. No son solo los que actualmente cruzan las fronteras, sino también los que han estado presentes durante mucho tiempo los que están amenazados. El gobierno ha pedido que los inmigrantes indocumentados se  denuncian a sí mismos para tener quizás la posibilidad de ser regularizados...

La diáspora de inmigrantes de Venezuela se dirige principalmente a otros países de América Latina, como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Los inmigrantes venezolanos en cuestión se encuentran actualmente en el desierto de Arica. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 5,2 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015 debido a la crisis económica, política y social que vive el país.

Mientras tanto, en Caracas, la Administración Maduro ha desestimado públicamente las acusaciones de una crisis migratoria venezolana, diciendo que los medios internacionales han exagerado el fenómeno (3). ¡El gobierno incluso ha acusado a los gobiernos vecinos de permitir el paso seguro de ciudadanos venezolanos para resaltar una crisis que no existe! Sin embargo, ha puesto en marcha programas para ayudar a los migrantes venezolanos a regresar a su tierra natal, pero eso es solo viento, dada la actual crisis económica.

Los migrantes, venezolanos y otros, experimentan en su propia piel que los proletarios no tienen patria y que todos los gobiernos burgueses son sus enemigos: ¡deben encontrar la ayuda incondicional y la solidaridad de los proletarios de otros países!

1) Amnistía Internacional, carta a los presidentes de Chile y Perú, 27/4/23

(2) Ibíd.

(3) Sin embargo, según las cifras del propio gobierno, hay más de 7,13 millones (¡!) de refugiados y migrantes venezolanos que huyen del país... Cifras más ventajosas que las de la ACNUR y la OIM que contabilizan alrededor de 5,2 millones (Cfr.: https://www.unhcr.org/fr/urgences/situation-au-venezuela. Los alegatos de los líderes chavistas son, por tanto, muy escasos frente a un fenómeno de tal magnitud como la avalancha masiva del país productor de petróleo; como dicen «no se puede tapar el sol con un dedo»

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