Tras las elecciones en Cataluña la clase proletaria debe sacar sus lecciones: en el circo electoral, gane quien gane siempre vence la burguesía
(«El proletario»; N° 22; Enero - Abril de 2021 )
Tras las pasadas elecciones del 21 de febrero, ganadas en número de votos por el Partido Socialista pero en escaños por el más que posible bloque nacionalista (ERC, Junts perCataluña, Partido Democrático de Catalunya y Candidaturas de Unidad Popular) de nuevo ha sido afirmada la inmensa dificultad para los partidos constitucionalistas a la hora de batir a los partidos catalanistas. Pese a la fragmentación de los partidos nacionalistas a partir de la desaparición de Convergència i Unió, la polarización parlamentaria creada por el referéndum de independencia de 2017, las posteriores convulsiones sociales y los esfuerzos titánicos de buena parte de la burguesía española y catalana por asfixiar al nacionalismo mediante la movilización en la calle y en el Parlament, esta ha sido la segunda vez que las corrientes nacionalistas resisten el envite lanzado por los constitucionalistas. En la primera ocasión, Ciudadanos y todos los grupos que, como Sociedad Civil Catalana, intentaron aprovechar el rechazo al referéndum de independencia y la tensión social creada por todos los sucesos posteriores chocaron contra un bloque nacionalista fraccionado pero capaz de vencer gracias a las peculiaridades del sistema electoral español. El pasado 21 de febrero, fue el turno de un Partido Socialista que intentó encabezar el bloque constitucionalista ante el desgaste de la opción derechista y la aparición de Vox como ala derecha del anti nacionalismo. La fuerza real de los partidos nacionalistas, que no parte de los votos recibidos en las elecciones, sino del hecho de representar a una burguesía y pequeña burguesía local abiertamente enfrentada al Estado central, que cuenta con los recursos suficientes para oponer a este una serie de partidos políticos con fuerte arraigo histórico entre la población y que, a su vez, son capaces de neutralizar a la clase proletaria mediante la propaganda nacionalista, parece ser la roca con la que siempre encallan las corrientes constitucionalistas que, por otro lado, crearon el marco político-jurídico autonómico para que los nacionalistas pudieran ostentar este poder y aún hoy recurren regularmente a ellos para garantizar la gobernabilidad parlamentaria de España.
Si hemos dedicado tantas líneas al llamado «problema catalán» en nuestra prensa (1) es porque sobre el conflicto surgido durante la última década en torno al problema del autogobierno, del hipotético concierto fiscal y del propio referéndum, se dirimen cuestiones mucho más importantes que la simple alternancia de los partidos en el Parlament: son las dificultades del conjunto de la burguesía española para salir de la crisis interna que padece las que se encuentran en el origen de esta situación. En Cataluña estamos ante el fracaso (parcial al menos) de un modelo territorial que respondió en su día a la necesidad de dar cabida dentro del Estado a facciones burguesas tradicionalmente excluidas de él, así como de reforzar la malla democrática que apresa a la clase proletaria descentralizando la gestión tanto de los recursos de este Estado como de la propaganda democrática y nacionalista.
Repasamos brevemente una cronología que ya hemos dado en número anteriores de este periódico:
- La crisis capitalista de 2008-2012 tuvo en Cataluña unas consecuencias especialmente duras debido a la gran destrucción de tejido industrial, de pequeñas empresas y al empobrecimiento drástico de una parte considerable de la población proletaria y pequeño burguesa. Fue durante estos años cuando se consolidó el hecho de que Madrid fuese el principal polo económico de España, algo tradicionalmente reservado a Barcelona.
- En 2012, precisamente en el momento crítico de las finanzas españolas, con la intervención europea del sistema financiero y la crisis de la deuda soberana en su punto álgido, los partidos nacionalistas catalanes (entonces CiU, Iniciativa per Catalunya y ERC) aprobaron en el Parlament la exigencia de un Pacto Fiscal con el Estado central, es decir, una especie de régimen foral para Cataluña como el que ya disfrutan Euskadi y Navarra según el cual el Govern de la Generalitat habría recaudado los impuestos en Cataluña mediante una Agencia Tributaria propia para después negociar con el Gobierno central qué cantidad transferir a la Agencia Tributaria española. El proyecto, sumado a la autonomía política recogida en la Constitución, habría significado la creación de facto de un Estado libre asociado, tal y como se puede decir que ya existe en las comunidades vasca y navarra. El Pacto Fiscal, como es sabido, fue rechazado.
- Desde ese momento hasta 2017 tuvo lugar una fase de turbulencias de intensidad creciente en las relaciones entre Cataluña y el Estado central: por un lado, las exigencias del Parlament nacionalista fueron rechazadas una y otra vez por un Gobierno central que sencillamente no tenía margen de maniobra financiero para conceder ni un milímetro en este terreno. Por otro lado, a medida que el partido nacionalista tradicional, Convergència i Unió, se mostraba incapaz de obtener las exigencias planteadas y a su vez tenía que ejercer una represión creciente contra los movimientos sociales que también crecían en Cataluña, la corriente tradicionalmente izquierdista (ERC) y una nueva tendencia de tipo «nacionalista-municipalista» (CUP) cobraron fuerza y contribuyeron a empujar a CiU en su huida hacia adelante. CiU terminó despareciendo por la marcha de una de las dos partes que formaban la coalición (Unió Democrática, más próxima a tesis conciliadoras) y las corrientes puramente nacionalistas (PDeCAT y Esquerra) se agruparon en la lista electoral Junts pel Sí en los comicios de 2015. Este baile de siglas significó una única cosa: la agrupación en un frente único de todas las fuerzas partidarias de llevar al máximo nivel posible las exigencias ante el Estado central. Una alianza que, más allá del nivel parlamentario, implicó la movilización social de las fuerzas de la pequeña burguesía local, mediante grupos como Omniúm Cultural y Assemblea Nacional Catalana.
- En 2017 se llegó al punto de ebullición de esta tensión: por un lado las corrientes nacionalistas fuera y dentro del Parlament, agrupadas tras la consigna del Referéndum y forzadas por la lógica de los hechos a la proclamación de una esperpéntica República Catalana que no buscaban ni en la peor de sus pesadillas y, por otro lado, las fuerzas constitucionalistas españolas, con el partido comodín Ciudadanos y sus propias fuerzas de choque callejeras conformadas por Sociedad Civil Catalana (grupo patrocinado abiertamente por las principales empresas del Ibex 35) y grupúsculos de extrema derecha tradicional. La derrota del bloque constitucionalista en las elecciones de diciembre de 2017, la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución por el cual se suprimió de manera sumamente limitada y temporal la autonomía catalana, la detención de los líderes nacionalistas y su encarcelamiento… fueron las formas más estridentes de un enfrentamiento que no llegó a resolverse.
La actual crisis económica, política y social precipitada por la pandemia de la Covid-19 muestra cuál fue la verdadera naturaleza de ese enfrentamiento. Mientras que las corrientes nacionalistas continúan ganando las elecciones, el partido estrella del constitucionalismo, Ciudadanos, queda relegado a fuerza testimonial y la entrada de Vox en el Parlament únicamente consolida la fragilidad a nivel nacional de la fuerza histórica del centro derecha (el Partido Popular). El conflicto puede considerarse enquistado: los términos en los que puede darse su resolución, es decir, una recuperación económica que vuelva temporalmente superfluas las exigencias del nacionalismo catalán, están lejos de realizarse. Pero, a la vez, un problema mucho mayor afecta al conjunto de la burguesía española como consecuencia de esa nueva crisis. En este caso, todas las corrientes y todos los partidos políticos tienen los mismos intereses: garantizar que la crisis económica no vaya más allá sobre el terreno social y la paz en este se mantenga.
Los archienemigos jurados del Estado central, Esquerra Republicana de Cataluña han aunado sus fuerzas a las del Gobierno para mantener el Estado de Alarma (como, por otro, lado ha hecho también Bildu, el partido en parte heredero de Herri Batasuna), es decir, para garantizar la militarización de la vida social, la supresión de los derechos constitucionales, la intervención sin límites del Estado en todos los ámbitos, etc. Las fuerzas nacionalistas, enfrentadas por la defensa de los intereses particulares de la burguesía catalana con el resto de corrientes políticas, cesan sus hostilidades a la hora de salvaguardar el bien común, es decir, la gobernabilidad del conjunto de la nación española, de la cual depende la gobernabilidad de su «país».
De esta manera, hemos visto a todos esos personajes simiescos como Gabriel Rufián, representante de ERC en el Parlamento español, que creen ser héroes trágicos y no llegan a figurantes de vodevil, votar sin duda alguna las exigencias planteadas por ese Estado al que se figura combatir para, por ejemplo, dar carta blanca al Ejército a la hora de controlar las ciudades y los pueblos de todo el país, incluida Cataluña. A cambio, los anteriores representantes del Estado en el Parlament se retiran: Ciudadanos se hunde sin el menor aspaviento, Vox y el Partido Popular se limitan a su actuación chabacana de siempre y las fuerzas callejeras de la Sociedad Civil Catalana hacen mutis por el foro sin mayores explicaciones. Queda el Partido Socialista de Cataluña, punto intermedio entre los nacionalistas y los constitucionalistas (2), que ya gobernó la Comunidad durante el periodo 2003-2010 con el famoso Tripartit (PSC-ERC-IC) sin que esto supusiese una reversión del papel de la Generalitat como coto tradicional del nacionalismo catalán.
En 1978, al fijar en la nueva Constitución el régimen autonómico como organización político-territorial del Estado, la burguesía española intentaba solucionar uno de los grandes problemas que, sobre el terreno político, le planteaba una crisis económica y social en la cual la muerte de Franco era sólo un jalón más: se trató entonces de incluir a la burguesía local vasca y catalana en la estructura del Estado dotándolas de unos instrumentos (los parlamentos autonómicos) y un modelo jurídico (la superposición de foros y autonomía en Euskadi y la simple autonomía en Cataluña) que les permitiesen ejercer cierto nivel de autogobierno dadas las dificultades para mantener un modelo de Estado ultra centralizado como el que existió desde 1939 hasta 1977. El sistema de compensación, pensado para que estos gobiernos autonómicos no alcanzasen tal fuerza que hiciesen depender el gobierno del país de sus exigencias consistió en extender el régimen autonómico a otras 15 regiones. Como siempre, el equilibrio temporal que es capaz de alcanzar la burguesía, ya sea sobre el terreno político, sobre el económico o sobre cualquier otro, es sencillamente un generador de desequilibrios futuros y, casi 40 años después, las tensiones que este remedo de ordenación confederal del país pretendía calmar, toman impulso valiéndose precisamente de los diques que se pusieron para contenerlas.
En los próximos años la situación en Cataluña no va a mejorar. Muy probablemente, durante cierto tiempo, se viva un periodo de relativa paz en lo que se refiere a las pretensiones soberanistas de las corrientes nacionalistas dado que el Gobierno de PSOE-Podemos necesita de su apoyo para mantenerse en pie. Pero ni este Gobierno puede ceder en los términos que exige desde hace años la facción nacionalista de la burguesía catalana ni esta puede plegar las velas y resignarse a su suerte. Serán las futuras convulsiones que, sin duda alguna, tendrán lugar sobre el terreno económico, político y social las que mostrarán la delimitación definitiva de las fuerzas en liza y el punto al que su enfrentamiento puede llegar. Detrás de los parapetos nacionalistas, españoles y catalanes, se encuentran las fuerzas centrífugas que ordenan el modo de producción capitalista y que lanzan a combatir entre sí a las diferentes partes de una clase burguesa nacional que más allá del mantenimiento de la paz social no tiene intereses comunes.
¿Y la clase proletaria? ¿Ha sacado alguna ventaja de estos enfrentamientos inter burgueses? No. Ninguna.
La crisis política que ha marcado el último quinquenio ha significado el redoblamiento del dominio que las diferentes facciones burguesas en liza ejercen sobre la clase proletaria. Por el lado nacionalista, el inmenso despliegue de su aparato de guerra propagandística, la movilización continua de los sectores independentistas de la pequeña burguesía y los intelectuales, la exacerbación de las leyes represivas de tipo «cultural», la discriminación continua contra todo aquel que no represente al «buen catalán», la inoculación del racismo basado en el «odio al español», han sido la base de su programa político entre los proletarios. Y por el lado constitucionalista, el ataque en el resto de España a todo lo catalán, la represión contra las movilizaciones de 2017 en adelante, el encarcelamiento de varios militantes independentistas, etc. han jugado la misma función. El patriotismo, la movilización en defensa de la nación, la subordinación de los intereses de clase ante las exigencias de la «defensa del país»… son armas que ambos bandos usan, conscientes de que su primer objetivo siempre debe ser mantener atado al proletariado a su carro, porque en última instancia le necesitan como carne de cañón.
El mejor ejemplo de esta situación, que es nefasta para la clase proletaria, lo hemos tenido en las últimas semanas con los disturbios que se han extendido por las principales ciudades catalanas tras el encarcelamiento del cantante Pablo Hasel: sin un gobierno firme en la Generalitat, con la más que probable presidencia de Esquerra Republicana de Catalunya en ciernes y con la casi segura entrada de las CUP en su Consell, los miles de manifestantes que han salido a las calles han recibido la represión habitual. Los Mossos de Esquadra, una de las policías más salvajes de España, han recibido carta blanca para ejercer su papel habitual, disparando a los manifestantes, apaleándoles, etc. Y todo ello con la complacencia de la totalidad de los partidos del arco parlamentario. Quienes jaleaban las movilizaciones independentistas han permanecido en un silencio atronador cuando el Estado español ha encarcelado a un cantante catalán por injurias a la Corona a la que ellos mismos dicen combatir. Quienes criticaban el régimen de las autonomías y el uso político por parte del nacionalismo de la policía autonómica, apoyan ahora a los agentes a los que antes llamaba cómplices del independentismo. Mucho más que al resto, cada una de estas facciones burguesas teme a las consecuencias de la situación social que se vive en Cataluña y en el resto del país y está dispuesta a formar un frente único en defensa del orden y la paz. En los últimos días ha sido Foment del Treball, la patronal local catalana, representante del seny burgués que media siempre entre nacionalistas y constitucionalistas, la que ha exigido que se imponga el orden por encima de las desavenencias partidistas (3) llegando a llamar a restablecer el Somatén (4) si fuese necesario para controlar los disturbios.
El proletariado catalán tiene a sus espaldas una historia llena de durísimos enfrentamientos con la clase enemiga. Si la burguesía catalana ha presumido siempre de ser el motor de España, los proletarios de la región han podido hacerlo a su vez de haber sido el puntal de la lucha de su clase. Desde la formación de la Solidaridad Obrera, embrión del sindicato CNT, creada como respuesta a la enésima agrupación burguesa de tipo regionalista (la Solidaritat Catalana) hasta las huelgas de los años 1977-1979, la fuerza del proletariado catalán, que es catalán sólo de nombre porque está compuesto en su práctica totalidad de emigrantes, ha reaparecido en cada momento convulso del país. Es una historia que pertenece al conjunto de la clase proletaria, local, nacional e internacional, y cuyo hilo es imprescindible mantener vivo.
Pero el proletariado catalán nunca a lo largo de esta historia ha sido capaz de romper definitivamente con el dominio político que la burguesía o la pequeña burguesía han ejercido sobre él. En un primer momento, por el control que el lerrouxismo (5) ejerció sobre la inmensa masa de asociaciones cooperativas, de apoyo mutuo y pequeños sindicatos que componían el entramado asociativo catalán de finales del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente, por el posicionamiento apolítico que las corrientes sindicalistas revolucionarias y anarco sindicalistas impusieron en la gran organización obrera de la época, la CNT, y que durante treinta años cedieron el terreno político a las corrientes republicanas primero y a las independentistas posteriormente. Si el movimiento sindical de Cataluña logró crecer desde 1909 y rehacerse tras los durísimos golpes de la represión patronal y sus pistoleros, la dictadura de Primo de Rivera (asociada con el PSOE y la UGT para liquidar a la CNT) y la igualmente dura represión republicana del periodo 1931-1936, nunca fue capaz de entablar una batalla política netamente anti burguesa y, por lo tanto, quedó siempre a merced de las imposiciones que las diferentes corrientes políticas de la burguesía y la pequeña burguesía quisieron imponerle. Julio de 1936 fue el caso paradigmático: con el poder caído en sus manos, con las calles bajo su control, el ejército y la policía derrotados, los «jefes» del movimiento obrero organizado en la CNT devolvieron sus atributos a la Generalitat de Esquerra Republicana de Catalunya y cedieron todo el terreno conquistado. Los acontecimientos de mayo de 1937 en adelante, cuando estalinistas y nacionalistas primero y los militares del bando sublevado después acabaron con los proletarios más combativos, muestran que el error del apoliticismo la clase obrera lo paga siempre con su sangre.
Hoy, las corrientes nacionalistas e independentistas, con el concurso incluso de algunos sectores anarquistas, prometen a los proletarios que la República Catalana no sólo significará la creación de un nuevo Estado, sino que este será de un nuevo tipo, beneficioso para la clase obrera, «social», etc. Le ofrecen la vía de un frente único interclasista basado en la solidaridad nacional entre burguesía, pequeña burguesía y proletariado con el objetivo de liberar al país de la opresión española. El mito de la nación, la raza y la lengua se traducen en una vaga aspiración social a la hora de encuadrar a los proletarios en este bloque. La burguesía sabe muy bien que necesita a la clase proletaria y que, a la vez, debe tenerla completamente controlada: la lucha nacionalista cumple este doble papel a la perfección.
El proletariado de Cataluña, el que se agrupa en el cinturón industrial de Barcelona, el que trabaja el campo en Lleida o en Tarragona, el que trabaja en la hostelería de Girona, constituye una gran fuerza social… dormida. La burguesía es plenamente consciente de que, a medida que la crisis capitalista avance, a medida que sean necesarias nuevas medidas anti proletarias, esta fuerza dormida puede despertar. Es por ello que pone en marcha todos los recursos preventivos para evitarlo, para sofocar la tensión social antes incluso de que nazca. De esta manera, hemos visto en las últimas semanas a organizaciones políticas juveniles de la izquierda independentista, las mismas que apoyan a los partidos nacionalistas del Parlament (sea Esquerra o las CUP), llamar a los jóvenes de los barrios proletarios a lanzarse contra el paro, la pobreza, la represión, etc. Mientras sus mayores dirigen a los Mossos de Esquadra, ellos lanzan a estos jóvenes una especie de lucha callejera sin más sentido que el de desahogar la ira y agotar las fuerzas.
El proletariado debe romper con este control asfixiante. Debe romper con los dos bandos nacionales enfrentados y afirmar su propia independencia de clase, tanto sobre el terreno de las luchas inmediatas como sobre el más amplio de la lucha política. Las futuras convulsiones sociales, que acrecentarán la crisis política y el desequilibrio en torno al «problema catalán» deberán sacarle de su letargo y lanzarle al camino de la lucha en defensa de sus intereses de clase.
(1) Ver El Proletario nº15, nº16 y el especial Cataluña de octubre de 2018, así como nuestras numerosas tomas de posición al respecto de esta cuestión, disponibles en nuestro sitio web www.pcint.org
(2) No se olvide que fue este PSC el que negoció en 2006 el nuevo Estatut, cuya reprobación en el Tribunal Supremo por denuncia del Partido Popular está en la base de toda la escalada nacionalista posterior.
(3) https://www.larazon.es/cataluna/20210301/a65pfeiq5rej7 cgdakctm3 giby.html
(4) https://cadenaser.com/programa/2021/03/01/hora_14/1614605651_ 529409.html; el Somatén fue un cuerpo para policial creado por los empresarios catalanes para mantener el orden público en un momento en el que el Estado central resultaba incapaz de hacerlo.
(5) Por lerrouxismo se entiende un movimiento republicano de corte plebeyo muy extendido entre los proletarios de Cataluña durante la primera década del siglo XX y que tenía entre sus principales características la lucha contra el clericalismo y el catalanismo propios de la burguesía catalana.
Partido comunista internacional
www.pcint.org