Del populismo al estalinismo, la «izquierda» en el Gobierno cumple su papel

(«El proletario»; N° 38; Abril de 2026 )

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La reciente remodelación del Gobierno a cargo de Pedro Sánchez, sumada al anuncio de renuncia a encabezar las listas electorales «a la izquierda de la izquierda» por parte de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha llevado a los medios de comunicación, cínicamente dispuestos, siempre, a convertir en un gran acontecimiento  lo que  tan sólo es un recambio institucional de tipo menor, a preguntarse por una supuesta «crisis de la izquierda», que acompañaría oportunamente al auge de la extrema de derecha en términos electorales.

La realidad es que no hay ninguna crisis de la izquierda, ni de la centrada socialista ni de la alternativa de SUMAR, Izquierda Unida o Podemos, porque el bloque único que en realidad constituyen como fuerza capaz de garantizar la gobernabilidad del país junto con los partidos nacionalistas vasco y catalán, ha cumplido y cumple con su función.

Recordemos, de manera sucinta, la cronología. En enero de 2020, después de las elecciones generales de noviembre de 2019, se constituyó el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo entre sus filas a Pablo Iglesias, de Podemos, como vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales y a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Se trataba del primer Gobierno de la etapa constitucional abierta en 1978, con un cargo del Partido Comunista. Aunque en aquel momento el protagonismo recayó en Pablo Iglesias y en su partido, Podemos, como espectro de una supuesta nueva izquierda llamada a renovar el panorama político español, en poco tiempo se vería que la verdadera fuerza en juego, no ahora sino en los últimos ochenta años, era el Partido «Comunista».

En marzo de ese mismo 2020, la declaración del Estado de Alarma por la pandemia Covid-19, supuso el bloqueo económico del país, sobre todo en lo que tocaba a la clase trabajadora. Millones de proletarios, empleados en sectores que se consideraron no esenciales, fueron despedidos en el contexto de un lock out generalizado y patrocinado por el Gobierno. Los que mantuvieron el empleo, lo hicieron en condiciones similares a las que se viven durante un conflicto bélico, con fortísimas restricciones a la movilidad, supresión de los derechos básicos, etc. La respuesta del Gobierno fue, en el ámbito laboral, sancionar el paro patronal por motivos sanitarios, reforzándolo con una legislación ad hoc por la que el Estado se comprometía a pagar el 75% del salario a los trabajadores despedidos utilizando la figura jurídica del Expediente de Regulación de Empleo, es decir, forzaba a una buena parte de la clase proletaria a asumir una disminución de 25% de su salario (que nunca le sería devuelto) y se permitía a la patronal mantenerse al margen de la situación creada. El partido que llegó al Gobierno clamando contra el rescate bancario de 2012, hizo cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora el peso de la crisis sanitaria sin ningún miramiento, reduciendo drásticamente el peso en las cuentas de resultados empresariales del coste de la fuerza de trabajo y asumiendo éste, a precio reducido, a cargo del Estado. Más, allá del terreno laboral, la crisis Covid-19 se saldó con centenares de miles de muertos por desatención sanitaria -no sólo en la Comunidad de Madrid-, colas de desempleados suplicando en las entidades benéficas por comida, etc. Un gran ejemplo de cómo se gobierna, sin ninguna piedad, a favor de los intereses burgueses y contra el conjunto de la clase proletaria.

Durante los meses posteriores, entre estados de alarma y concesiones a cualquier tipo de exigencia a una patronal que parecía enamorada de la ministra de trabajo «comunista», se impuso una drástica reforma del mercado laboral que, más allá de su consolidación legal en diciembre de 2022, comenzó, de hecho, en los días de la pandemia. El centro de esta reforma fue la generalización de los despidos a cargo del Estado como norma para afrontar las dificultades económicas en las empresas. Los ahora célebres Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, mecanismos por los cuales las empresas pueden suspender los contratos de trabajo y el Estado proporciona un subsidio -limitado en tiempo y en cuantía- a los trabajadores perjudicados, se sumaron a la extensión del tipo fijo-discontinuo como forma contractual que permite a las empresas dejar de pagar a los trabajadores contratados en función de la carga de trabajo, de las necesidades coyunturales de la producción, etc. de nuevo con cargo a los subsidios de desempleo del Estado y siempre con las miras puestas en reducir costes de despido, de contratación, de formación, etc.

Estas fueron, de hecho, las vías jurídicas con las que se salió de una crisis económica, la de 2020-2022, cuyo fondo general, desde el punto de vista de la burguesía, fue el de un exceso repentino de fuerza de trabajo ante el evidente colapso de la producción y el comercio mundial. El gobierno socialista, con Podemos y el Partido «Comunista» flanqueándole, puso a disposición de la burguesía tanto el arsenal legal necesario como su capacidad para contener cualquier respuesta que, por parte de los trabajadores, pudiera articularse contra estas medidas.

Porque la realidad es que la clase proletaria, si bien de manera dispersa y con una fuerza limitada, sí había hecho acto de presencia, tanto durante la crisis Covid-19 como en los meses posteriores, cuando las repercusiones de ésta sobre sus condiciones de vida todavía se hacían notar con fuerza.

Durante los primeros días de la pandemia mundial, cuando ya era obvio que la situación no estaba controlada, pero ni el Gobierno ni los empresarios parecían dispuestos a poner ninguna medida para preservar la vida de los trabajadores, en diferentes empresas del país fueron los proletarios los que se lanzaron a la lucha exigiendo medidas de prevención, la paralización de la actividad productiva, el cese del trabajo, etc. Así, los trabajadores de Mercedes Benz en Vitoria, los de Vestas en Ciudad Real, etc. se movilizaron días antes de que el Gobierno impusiese un Estado de Alarma que no solucionó, sino que empeoró las condiciones de vida del conjunto de la clase proletaria.

Meses después, fueron los trabajadores del metal los que se lanzaron a la lucha. El episodio principal de este conflicto se vivió en Cádiz, donde a las escenas de enfrentamiento entre los trabajadores de las subcontratas y la policía nacional les siguió una evidente traición por parte de las organizaciones sindicales que, siempre de la mano del Gobierno, forzaron el fin de una lucha que arrastraba a miles de proletarios que luchaban contra el deterioro de sus condiciones de existencia. Pero no fue sólo en Cádiz donde tuvo lugar esta lucha. En Cantabria, en Cataluña, en País Vasco… desde hacía varios años, al menos desde 2019, resultaba más que claro que la clase burguesa se disponía a imponer una rebaja tajante en términos salariales para los trabajadores del metal, como consecuencia de una crisis que sólo se vio interrumpida, pero no solucionada, por la pandemia de 2020. La respuesta de los trabajadores de este sector fue clara: rechazo a las rebajas salariales y huelgas sectoriales para impedirlas.  Como decimos, los sucesos de Cádiz de 2021 fueron la escenificación más dura de un conflicto que recorrió a todo el sector del metal y que fue sofocado mediante la acción coordinada de las grandes centrales sindicales, el gobierno (con especial dedicación de la ministra «comunista» de trabajo, que, como sucedió en Cantabria, llegó a intervenir personalmente para forzar acuerdos) y la patronal. El resultado de esta acción del gobierno más progresista de la historia fue la rebaja del salario en todo el sector, la consolidación de los mecanismos de contratación y despido libre que ya se ensayaban desde la pandemia y la vía libre al sistema de subcontratación, regular e irregular, sobre el que se levanta el negocio empresarial en este sector.

La victoria lograda por parte de la burguesía y su Gobierno fue limitada. Pudieron imponer, siempre gracias a sus aliados sindicales y a la acción de los partidos «obreros», una solución que garantizase la paz social durante un tiempo. Pero en 2025, de nuevo en Cádiz, la renovación del Convenio sectorial del metal, que afectaba al grueso de los proletarios empleados en subcontratas y que durante estos años han padecido las consecuencias de los acuerdos de entonces, trajo una fortísima lucha que, si bien fue menos espectacular en lo que se refiere a enfrentamientos (el año pasado el Gobierno ya se cuidó de dar una imagen como aquella de las tanquetas entrando a fuego en los barrios obreros) fue más profunda en lo que se refiere a capacidad de organización claridad en los planteamientos y fuerza movilizadora. Se demostró, que incluso sobre el terreno de la lucha inmediata en defensa de las condiciones de existencia elementales, del salario y las condiciones laborales, de la salud laboral, del tiempo de trabajo, etc. a la clase proletaria se la puede derrotar, pero no vencer…

A la vez que tenía lugar la imposición de un nuevo marco regulatorio en el mundo laboral, el gobierno de izquierdas tuvo que dar respuesta a la situación abierta por el inicio de la guerra de Ucrania. Por un lado, se alineó abiertamente con el bando imperialista occidental, encabezado entonces por Estados Unidos y con Alemania, Francia e Inglaterra como principales aliados. Esto supuso una disposición favorable a todas las medidas encaminadas a aumentar el gasto militar, al rearme del país, etc. que se exigían desde la OTAN y a la movilización militarista de la sociedad. No en vano, fue un miembro del Partido Socialista el que, desde su posición como miembro de la Comisión Europea lanzó el patético llamado a defender el «vergel» europeo frente al caos exterior, en lo que era un llamamiento para nada disimulado a prepararnos para un futuro en el que los proletarios deberán ser llamados, de nuevo, al frente de batalla.

Por otro lado, en lo que respecta a las consecuencias económicas de la guerra, la respuesta del Gobierno, ya sin Podemos y por lo tanto con una relevancia mayor del PCE en la figura de Yolanda Díaz, fue dar su mejor contribución para mantener estancados los salarios mientras que la inflación crecía mes a mes. Es decir, permitir que el incremento general de los precios fuese compensado por la contención del precio particular de la fuerza de trabajo y salvar así los márgenes empresariales, para los cuales la realización del beneficio resultaba más que dudosa.

Tanto en la guerra de Ucrania, como la posterior masacre israelí en Gaza y, ahora, con la guerra de Irán, el Partido Comunista y el Gobierno en general han mantenido una posición constante: apoyo abierto a las fuerzas del imperialismo euro-americano, crítica lacrimosa y estéril a sus socios israelíes, y disposición de todas las fuerzas económicas y militares para la defensa de los intereses de la burguesía nacional. Tan sólo la peculiar posición de España, un país de segundo orden dentro de la OTAN y cuyo alcance internacional no va más allá del Mediterráneo occidental, le ha permitido poner una cara humanista y pretendidamente crítica, si bien de fondo siempre está el compromiso necesario e ineludible con sus aliados imperialistas.

La crisis de la izquierda no es tal. Durante los seis años en los que ha permanecido en el Gobierno, la izquierda, tanto socialista como populista y post estalinista (de PODEMOS a SUMAR e Izquierda Unida, ese es el recorrido) ha cumplido con su papel y lo ha hecho de manera exitosa. Ha logrado evitar cualquier protesta de la clase trabajadora como consecuencia de la dura situación por la que se ha pasado, ha neutralizado a aquellos estratos de ésta que han avanzado (siquiera tímidamente) posiciones propias y se han lanzado a la lucha… y, junto a todo ello, ha logrado imponer sin protestas un firme lineamiento nacional con las principales potencias imperialistas, colocando al país al lado del bando euro-americano en Ucrania y Oriente Medio. La izquierda en el Gobierno ha logrado, por lo tanto, formar un bloque homogéneo en defensa exclusiva de los intereses de clase de la burguesía en un momento en el que las consecuencias de la crisis de 2008-2014 todavía se notaban y los golpes que la crisis Covid-19 y las sucesivas guerras han dado a las condiciones de vida de la clase proletaria se han hecho notar con gran dureza.

En el juego democrático, el circo parlamentario ocupa un lugar de primer orden. La sucesión de gobiernos y oposiciones, las alianzas de partidos que en esencia representan los mismos intereses… forman parte del gran esfuerzo que la clase burguesa realiza para corromper al proletariado, para anular su tendencia natural a la lucha y subsumirla en una expectativa irracional de logra cambios y mejoras donde sólo hay continuidad y hostilidad hacia sus necesidades. La llamada izquierda, que en España representa la continuidad con el régimen previo a 1978 mucho más que una derecha por lo general débil y sin capacidad de mantenerse en el Gobierno o de realizar grandes cambios en algún sentido, juega un papel doble. Por una parte, es capaz de canalizar la ilusión de la clase trabajadora y de buena parte de las clases medias más débiles en términos económicos, hacia una siempre pendiente «reforma democrática»; por otro lado, y precisamente por esta fuerza de convocatoria que tiene entre el proletariado, es capaz de imponer las medidas más duras en lo que se refiere a sacrificios sociales. Esta «izquierda» representa, siempre, una fuerza para las crisis burguesas, porque es capaz de minimizar el coste de estas neutralizando la amenaza que puede llegar a suponer la clase proletaria.

Los próximos años traerán, seguramente, un agotamiento de la fuerza que ha supuesto la coalición PSOE-PODEMOS-SUMAR. Pero esta situación no debe interpretarse como una crisis, en el sentido de una pérdida del norte de los partidos tradicionales del Parlamento (PSOE e Izquierda Unida) o de los recién llegados (el resto de SUMAR), sino como la consecuencia normal del desgaste que ha supuesto gobernar contra la clase trabajadora en un periodo tan complicado. Bastará que la derecha, en cualquiera de sus formas (ultra nacionalista, moderada o regionalista) llegue al poder, para que el mito de la defensa de la democracia, del antifascismo y del mal menor progresista vuelvan a cobrar la fuerza necesaria para que le sigan siendo útiles a la clase burguesa.

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