¿Otra tragedia? ¡Otro crimen! Y los mismos culpables: la burguesía y sus sicarios

No ha pasado ni un año desde que el accidente de Adamuz dejó 46 muertos y 162 fallecidos como consecuencia de un problema en el mantenimiento del ensamblado de las vías. Ni un año desde que se evidenció que el sistema ferroviario no era seguro para el transporte de pasajeros porque el riesgo de accidentes similares no podía ser suprimido, dado que requeriría inspeccionar toda la infraestructura perteneciente al mismo, inmovilizando los trenes de alta velocidad durante demasiado tiempo. Se trataba de un gasto que, hace 9 meses, la burguesía española, su Estado y todas las empresas -públicas y privadas- relacionadas con el tránsito ferroviario rechazaron espantadas. Demasiado dinero, demasiado presupuesto dedicado al mantenimiento… demasiada inversión “no productiva” como para que mereciese la pena.

El resultado lo hemos visto esta semana: otros 69 cadáveres -por ahora- en la cuenta de la Alta Velocidad Española, aquel emblema del capitalismo imparable de un país que él mismo está accidentado.

Porque la nómina de muertos no hay que achacársela a un “error humano”, como el cinismo de los medios de comunicación afines al Gobierno pretende hacer ver en un intento desesperado porque la situación no se vuelva contra el presidente en la carrera electoral. Ni tampoco a un ministro especialmente inepto o criminal, como pretende la derecha fijándose en Óscar Puente precisamente con intereses electorales. No ha habido ni un problema de control ni un problema de gestión, sino una consecuencia lógica e inevitable de la carrera por la acumulación de capital.

La Alta Velocidad Española se presentó, a comienzos de los años ´90, como el ejemplo de la modernización capitalista española. Después de los durísimos años ´70 y ´80, en los que la transición democrática estuvo acompañada de una crisis profundísima que trajo niveles de desempleo y miseria social impensables tan sólo una década antes, la entrada de España en las instituciones del imperialismo occidental -OTAN y Mercado Común, principalmente- trajo consigo un imparable flujo de capitales que, atraídos por la altísima rentabilidad que se podía obtener en un país donde la desindustrialización había dejado el terreno yermo, inflaron las cuentas de resultados del sector financiero a la vez que urbanizaban cada palmo de terreno disponible y ponían en marcha proyectos como el AVE (simbólicamente estrenado para la Exposición Universal de 1992). En pocos años la red ferroviaria tradicional fue destruida, miles de pueblos quedaron sin conexión entre sí y con las capitales de provincias, mientras que una absurda e ineficiente red de trenes ultra rápidos unía -vía subvención y corruptela estatal y autonómica- regiones que no lo necesitaban más que para uso y disfrute del turismo y los pocos viajeros VIP que podían permitírselo. Con el PSOE a la cabeza, pero seguido muy de cerca por el PP y los partidos nacionalistas, la Alta Velocidad reflejó como pocas cosas la sobre acumulación de capital en una época de bonanza que a ojos de los palmeros de la burguesía no iba a tener fin.

En poco más de 20 años los resultados no podían esconderse. La magnífica red de Alta Velocidad no sólo tenía que construirse, sino que también debe mantenerse. Se construye una vez, el flujo de capital que se considera inversión productiva se asienta sobre el terreno, la rentabilidad se calcula de una vez y para siempre y los resultados se esperan tranquilamente: la compra está garantizada por el Estado y cualquier problema mayor siempre corre de su cuenta. Pero se mantiene todos los días. Y el dinero empleado en ello ya no es inversión, no genera retorno de beneficios según los criterios financieros de las empresas, sino gastos, es decir, merma en esos beneficios y, por lo tanto, partidas en las que recortar, “optimizar”, etc. Las exigencias de valoración del capital invertido pesan sobre las exigencias físicas del mantenimiento de la inversión, que se reducen todo lo posible. Cada euro destinado a reparar una vía, un tren, un semáforo, es un euro que se detrae del resultado de la inversión y pesa doble: por lo que se ha gastado y por lo que se ha dejado de invertir.

Es suficiente con leer las noticias para verlo: el software LZB que debe gestionar la disponibilidad de vías para que los controladores puedan tomar decisiones, se cae cientos de veces al año (una de ellas el pasado miércoles, dando lugar al terrible accidente). ¿Por qué? Porque el gasto en mantenimiento del sistema, una vez que se ha comprado o alquilado, se considera algo prescindible. Se valora en función del riesgo que suponen sus caídas y el resultado de esta política es el que todo el mundo conoce.

El capitalismo español está exhausto. Las inmensas masas de capital movilizadas durante el periodo previo a la crisis de 2008 se traducen hoy en un gran volumen de sobreinversión, de exceso de capacidad instalada y de obligación de compra para el Estado en sustitución de unas empresas que no llegan. La Alta Velocidad es un ejemplo escandaloso: accidentes continuos, retrasos… y por supuesto, muertes y hospitalizaciones como las de esta semana.

 Y no hay solución a la vista. En 2014 se liberalizó los servicios ferroviarios, permitiendo que diferentes empresas pudieran operar en una red que continuaba siendo estatal. El movimiento era claro: el Estado -responsable subsidiario de los negocios de la burguesía- se hacía cargo del mantenimiento de la red ferroviaria, que es la que carga con la gran parte de los gastos, mientras que se permitía a las empresas operar únicamente en el transporte propiamente dicho, limitando así la inversión que debían realizar, ya que ésta seguía constando en las cuentas nacionales y no en las corporativas, pero permitiendo que se hiciesen con toda la facturación. Esto significa que las empresas ferroviarias son incapaces de asumir el negocio del tren en toda su amplitud y es el Estado el que financia la parte más gravosa de ésta. Llegado el momento presente, con más de cien muertos en nueve meses, el propio ministro de transportes ha tenido que reconocer que sería necesaria una revisión exhaustiva de la infraestructura (incluyendo vías, estaciones… pero también softwares en uso, sistemas de comunicación, etc.) en determinados trayectos pero que esto implicaría paros inasumibles para las empresas y los usuarios (esos usuarios que pierden la vida por la falta de mantenimiento, entiéndase la siniestra hipocresía).

La burguesía española es absolutamente incapaz de poner en marcha, hoy, un proyecto como el que sería necesario para restablecer la confianza en el sistema ferroviario. Habrá parches, medidas efectistas, todo aquello que garantice clientes sin dañar demasiado el bolsillo de las empresas… Pero no una solución real.

La crisis capitalista se deja notar incluso en los periodos en los que parece haber sido superada. Todavía hoy se arrastran las consecuencias del periodo 2008-2012: entonces se liquidó parte del capital invertido en exceso acabando con el exceso de producción en algunas ramas de la economía, hoy se deja languidecer y morir todo aquello que exige algo de mantenimiento o reparaciones a gran escala. La bonanza capitalista es la más falsa de todas las historias: la recuperación económica, esa de la que el “gobierno progresista” alardea en la carrera electoral, está moteada de muertes como las de esta semana. La burguesía no puede escapar a su destino criminal, sus secuaces (patronal, Gobierno, sindicatos) no pueden ir más allá del papel que deben jugar como representantes de un crimen que se comete continuamente contra la población, especialmente contra el proletariado, que constituye la mayor parte de ésta. Y, junto a ellos, los aspirantes a ser su relevo. Después de las manifestaciones por la vivienda, de las lágrimas de cocodrilo vertidas por los desahucios, de la convocatoria incluso de una huelga general… ¿dónde están las movilizaciones contra la nocividad, contra la siniestralidad que provoca una red ferroviaria como la que hay en España? Los retrasos, los accidentes, las muertes… corren a cargo de la gran mayoría proletaria a la que, en el colmo del cinismo, se le llama a apoyar a los actuales gestores contra la ultra derecha.

Para la clase proletaria, la vida en el mundo capitalista es un riesgo en sí misma. A las muertes en el trabajo, al miedo al desempleo, a la carestía de la vida… se le añade el peligro que supone morir o resultar herido en cualquiera de las actividades habituales que se han convertido en un negocio burgués, público o privado. Sus condiciones de vida se deterioran día a día no sólo porque no haya trabajo, los salarios bajen o los precios suban, sino porque es todo un sistema el que está organizado sobre el presupuesto de que su vida no vale ni una décima parte de lo que vale el beneficio capitalista.

Para combatir este sistema de muerte, el proletariado sólo puede confiar en sus propias fuerzas. En su capacidad para romper con los lazos que le atan al respeto del mundo burgués, su economía y sus instituciones y para lanzarse a la lucha en defensa exclusiva de sus intereses de clase.

¡Por la reanudación de la lucha de clase proletaria!

¡Por la revolución comunista internacional!

1 noviembre 2026

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