Gran Bretaña. La burguesía ataca a los proletarios en lucha reforzando cada vez más su arsenal legal y represivo contra la huelga

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La burguesía ataca a los proletarios en lucha reforzando cada vez más su arsenal legal y represivo contra la huelga

En una toma de posición previa de agosto de 2022 (1), describíamos y denunciábamos el callejón sin salida en el que el Estado y sus correas de transmisión para la defensa de la paz social, que son los sindicatos, han encerrado a los proletarios para defender los intereses generales del capitalismo británico.

Aun estando perfectamente encuadrados por las organizaciones sindicales oficiales, los proletarios han demostrado a lo largo del año pasado, y volverán a demostrarlo este año, que han sido capaces de movilizarse para defender sus intereses de clase contra los brutales ataques a sus condiciones de vida, gravemente deterioradas en particular, sobre todo por la inflación. Este deterioro de las condiciones materiales de vida se solapó con el continuo deterioro de sus condiciones sociales de vida y en este terreno destaca el deterioro de la sanidad pública. Su lucha también ha demostrado lo dura que es la represión estatal contra las huelgas. A finales de año, la presión estatal se materializó en la movilización del ejército y los funcionarios para obstaculizar y reducir el impacto de las huelgas, incluida la de los sanitarios. Se movilizaron contra los huelguistas hasta 2.000 personas en diversas funciones, un número exorbitante, ¡incluidos 1.200 soldados!

Ante cada gran movimiento de lucha proletaria o, más en general, social, la burguesía busca defender sus intereses de la forma más inmediata y radical posible, reforzando las restricciones legales y las acusaciones penales contra los protagonistas de las luchas. Ahora mismo en el Reino Unido están restringiendo los límites del derecho de huelga para paralizar aún más a la clase obrera, y así frenar cualquier lucha espontánea e independiente, inventando leyes cada vez más prohibitivas para autorizar acciones legales y policiales contra las huelgas. El "derecho" burgués, que por su propia naturaleza es de todo menos igualitario para la clase obrera, es el arsenal del que echan mano la burguesía y sus cómplices del mundo sindical y del oportunismo para encerrar al proletariado entre los altos muros de la "paz social" y del "diálogo entre interlocutores". Y es desde los parlamentos, verdaderas fábricas del derecho burgués, donde se disparan los cañonazos contra el proletariado.

La izquierda parlamentaria o extraparlamentaria habla generalmente de "ataque frontal a los derechos democráticos", señalando al proletariado la dirección equivocada. Reiteramos que la democracia burguesa, que ellos reclaman como pura y perfecta, al servicio del pueblo y de los trabajadores, es antiobrera por naturaleza y representa la organización política del capitalismo y de las clases burguesas dominantes. Retrotraer siempre al proletariado al terreno de la democracia es la mejor manera de paralizar el desarrollo de su lucha en un sentido clasista y, finalmente, de clase, es decir, como clase antagónica al capital. Por el contrario, los proletarios deben liberarse de la ilusión de que la democracia, representada por el Estado burgués, puede ayudarles cuando sufren ataques de la burguesía, en particular mediante restricciones o prohibiciones de las libertades. No deben "mendigar" leyes "buenas", aunque se empeñen en una apariencia de lucha por estos objetivos, sino luchar por derribar las leyes antiproletarias con los medios de la lucha de clase.

Tras el desastroso episodio, para la "imagen" del Parlamento británico, de la dimisión de Liz Truss, la Primera Ministra que sucedió a Boris Johnson y que fue torpedeada por la Bolsa de Londres, al recién elegido Primer Ministro Rishi Sunak no le queda más remedio que salir al paso planeando nuevas leyes antiobreras y antihuelga. Esto no es sorprendente, puesto que ya había expresado enérgicamente la idea de reprimir las luchas sociales desde el comienzo del movimiento huelguístico. De hecho, a finales de octubre, cuando tomó posesión de su cargo, anunció "decisiones difíciles". ¿Difícil para quién? Para los proletarios, no para la burguesía que, por el contrario, se alegraba de sus intenciones.

Así, el jueves 5 de enero, Rishi Sunak anuncia el color de sus "nuevas leyes duras" confirmando la preparación de otra ley antihuelga consistente en imponer un servicio mínimo a los trabajadores de determinados sectores, como la sanidad, el transporte ferroviario o por carretera, los servicios postales, la educación, etc. (2) en nombre de la "seguridad pública". Este tipo de justificación está agotada. Si la burguesía se preocupara realmente por la salud de los trabajadores, ¿por qué habría dejado que se hundiera el SSN (Servicio Nacional de Salud)? Es de la salud de los beneficios de lo que deberían hablar, ya que la característica de las relaciones de fuerza impuestas al capital por la huelga es atacar lo que más aprecia: los beneficios, cuyo nivel, como es bien sabido, es inversamente proporcional al de los salarios. Además, hay que tener en cuenta que la inflación se pone siempre al servicio del capital como instrumento para devaluar los salarios frente a los beneficios, reponiéndolos así, en tiempos de crisis, tanto como sea posible según las relaciones de fuerza entre las clases. Para los protagonistas de la economía, se trata de una oportunidad única, en este momento, de defender sus carteras y explica la tenacidad con la que luchan para que la inflación no pese demasiado sobre los salarios. Este anuncio acompaña lógicamente a la negativa rotunda del gobierno británico a ajustar los salarios del sector público, animando y apoyando a todos los demás capitalistas a hacer lo mismo y más.

Pero los proletarios no sólo se enfrentan al partido conservador. En diciembre de 2022, los laboristas declararon que, si volvían al poder, no aceptarían la reivindicación de las enfermeras, que, como en Francia, han visto caer en picado su poder adquisitivo en los últimos años y, por tanto, han exigido legítimamente un ajuste salarial del 19%.

Esta ley, que ahora se debate, para imponer un servicio mínimo sólo podría ser el preámbulo de una ley que impulse aún más la brutalidad del Estado contra el proletariado: la de prohibir el acto mismo de la huelga. Se puede debatir sobre las posibilidades de éxito parlamentario de un proyecto así, pero a corto plazo, agitarlo como un coco endurecerá aún más el paquete de otras leyes de servicios mínimos.

Restringir la huelga mediante la obligación de garantizar la continuidad de la actividad en los sectores de servicios públicos y privados es, en realidad, sólo la primera parte del plan de Rishi Sunak. La segunda es reforzar aún más la maraña de leyes relativas a las condiciones legales de las huelgas, añadiendo más normas antihuelga a las ya numerosas existentes. El plan consiste en romper la posibilidad legal de huelga desde las primeras negociaciones. En la práctica, a partir de ahora los sindicatos tendrán que someter al voto de sus afiliados las propuestas patronales resultantes de estas primeras negociaciones impuestas. Sólo en caso de rechazo de esas propuestas por parte de los afiliados podrán los sindicatos iniciar el largo y tortuoso proceso de autorización de una huelga. Sin perjuicio del principio, corresponde al gobierno discutir las condiciones de aplicación, como los límites porcentuales para la aprobación o el rechazo de las propuestas empresariales por parte de los miembros del sindicato. Pero se puede apostar a que, una vez alcanzado este nivel, conseguirán elevar aún más este primer obstáculo a la huelga.

El objetivo de esta nueva trampa jurídica es, sin duda, complicar los procedimientos y aumentar el número de trabas burocráticas para alargar aún más el plazo necesario para la autorización de la huelga y, de este modo, agotar y desmoralizar aún más a los proletarios (3). Asfixiar a los proletarios bajo alucinantes procedimientos burocráticos, ese es el método. Y cuidado con la sentencia del juez si los sobres que contienen las papeletas utilizadas durante las consultas organizadas por los sindicatos con sus afiliados no están previamente sellados según las normas, si las consultas no están supervisadas por una oficina y agentes de control certificados, etc. Para organizar y llevar a cabo una huelga, el número de "códigos" que hay que seguir es enorme; por ejemplo, el "código práctico" para organizar las votaciones tiene 25 páginas, e incluso existe un "código" para regular los piquetes de huelga (Código de conducta sobre los piquetes) de 20 páginas y 67 artículos. Y hay muchos otros que no mencionaremos aquí.

En este contexto, y con tales barreras, es eevidente que los proletarios ya no son capaces de organizar por sí mismos huelgas que respeten plenamente el marco legal para protegerse de los rayos de la justicia. Frente a los procedimientos burocráticos, se necesitan otros burócratas, esta vez sindicalistas, los únicos que dominan esta jungla de procedimientos. Es un regalo de la burguesía a los sindicatos que les ofrece la oportunidad de no perder el control de la clase obrera evitando cualquier autonomía de las luchas, cualquier intento de escapar a su canalización planificada.

El orden burgués, el que garantiza la explotación eficaz del trabajo asalariado, necesita vínculos en el seno de la clase obrera. En el Reino Unido, estos procedimientos y este estricto control legal del uso del arma de ataque son la formalización flagrante de ello.

La lucha clasista e independiente del proletariado en el Reino Unido no debe pasar por un debate democrático sobre el "derecho de huelga", que sólo conduciría a nuevos instrumentos jurídicos y administrativos quizá más presentables ante cierta "opinión pública", es cierto, pero no por ello menos eficaces para el control social.

Si los proletarios quieren recuperar su independencia de lucha, como hicieron magistralmente durante la huelga de los mineros de 1984-1985, tendrán inevitablemente que luchar, con sus armas de clase, contra el blindaje de las leyes antihuelga y antiorganización para no acabar en brazos de los bonzos sindicales. Sólo mediante el equilibrio de fuerzas impuesto por sus luchas se derribará el muro del "derecho de huelga" erigido por los sucesivos gobiernos conservadores y laboristas. Tendrán que luchar contra la morbosa trampa legal de fragmentar y dispersar sus fuerzas y contra esta generalización de huelgas "sincronizadas" que ponen al aparato sindical en la mejor posición para asegurar y reforzar el encarcelamiento social antiproletario.

(1) Véase "le proletaire", nº 545, julio-agosto de 2022, "il comunista", nº 174, julio-septiembre de 2022.

(2) ¡El Primer Ministro tampoco se ha olvidado del sector de la policía de fronteras! Ahora lo necesita más que nunca con su política de deportación de inmigrantes ilegales, vengan de donde vengan, a Ruanda, encantado de recibir unos 120 millones de libras por ello.

(3) Kwasi Kwarteng, Chancellor of the Exchequer (el Ministro de Hacienda), presenta la cuestión del siguiente modo: "Estamos a punto de legislar la obligación de que los sindicatos sometan las propuestas salariales (las de la patronal) a votación de sus afiliados". Según él, "debe garantizarse que las huelgas sólo puedan convocarse después de que las negociaciones hayan fracasado realmente". La patronal podrá alargar estas fases preliminares de las negociaciones para convencer al mayor número posible de trabajadores de que no les interesa rechazar sus propuestas.

Partido Comunista Internacional

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